Para responder a las necesidades propias de esta sociedad globalizada, compleja, multifacética y tan cambiante, la formación, en los distintos niveles educacionales y momentos de la vida, se ha convertido en el principal objetivo para el mantenimiento y persistencia de niveles de bienestar de las sociedades, constituyéndose en un instrumento indispensable para generar cambios positivos e influyentes a mediano plazo (Esteve, 2011; Frederiksen & Beck, 2013;
Imbernón, 2017; Marcelo, 2016). La formación es considerada como un factor clave para diseñar y construir un futuro común, orientado a otorgar una mejor calidad de vida para las personas que se desenvuelven en esta sociedad. Sin embargo, comienza a transformarse en uno de los motores básicos de la economía, por ejemplo:
…las empresas y los países saben que, para competir, necesitan mejorar permanentemente sus tecnologías de información y de producción, y que, para ello, necesitan aumentar el capital humano disponible; es decir, el número de ciudadanos con altos niveles de formación científica y técnica capaces de mantener el actual desarrollo tecnológico y de impulsar hacia el futuro la innovación en ciencia y tecnología (Esteve, 2011, p. 17).
Brunner (2001) propuso cinco dimensiones que de acuerdo con el contexto social del siglo XXI representan un desafío para la educación.
Figura 1. Desafíos para la educación del siglo XXI. Basado en Brunner (2001).
Estas cinco dimensiones, que caracterizan los desafíos de la educación y que describen los énfasis que deben tener los procesos formativos de las personas en sus distintas etapas de la vida, están vinculadas directamente con el concepto de capital humano: “…acopio de personas con altos niveles de formación universitaria y de formación profesional de tercer grado de las que dispone un
país para hacer avanzar su economía” (Esteve, 2011, p. 19). Factor que incide en la planificación social de la educación, pues se requiere de un número creciente de personas con altos niveles de formación científica y técnica para mantener el acelerado ritmo de innovación que requiere esa espiral en la que se retroalimentan avances científicos y desarrollos tecnológicos exige (Esteve, 2011, López, 2011). Por ello, la “obtención de altos niveles de educación secundaria y terciaria son importantes para que el capital humano se traduzca en un crecimiento económico sólido” (OCDE/UNESCO, 2003, p. 6).
A nivel iberoamericano se reafirman estos planeamientos al considerar que el fortalecimiento de la educación tiene que ser la variable fundamental para hacer sostenibles los grandes ejes que impulsan el desarrollo social, económico y cultural de la región (Ferrer et al. 2006; López, 2011; Marcelo, 2016; Marchesi, 2010). Por ejemplo, no habrá avances sociales si la educación no favorece la movilidad social de las futuras generaciones; la región no podrá asumir un mayor protagonismo en el escenario internacional si no existe una apuesta decidida por mejorar el nivel educativo de la población y la inserción de las personas al mercado de trabajo y su relación con los sistemas productivos requiere cada vez más de mejores calificaciones y mayores competencias (Zorrilla, 2011).
Actualmente se ha revalorado las implicancias que tiene la educación para la formación ciudadana, que les permita a las personas participar activamente en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad, haciendo un ejercicio pleno de los derechos y siendo consciente de sus deberes. Desde esta perspectiva, “la educación queda posicionada cada vez más como un recurso habilitante irrenunciable; como suele enunciarse, es un derecho que hace posible el pleno ejercicio de los demás derechos” (Zorrilla, 2011, p. 152).
Estos ejemplos reivindican la necesidad de más y mejor educación, tema que ha estado presente en conferencias y foros internacionales con Ministros de Educación de países iberoamericanos el 2008, Ministros de Educación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 2013, reunión que se replicó el 2014 y en el Foro Mundial sobre la Educación de Incheon, el 2015. En estos encuentros se reafirma como meta, conseguir una educación de calidad, equitativa, que favorezca la cohesión e inclusión social y aprendizajes a lo largo de la vida (ver figura 2), donde los docentes contribuyen considerablemente a lograr estos propósitos.
Esto demuestra que la educación está en el centro de los debates ideológicos y políticos a nivel global. En el caso de los países iberoamericanos esto ha significado establecer acuerdos y lineamientos comunes con el fin de conseguir una educación de calidad para todos, ejemplo de ello son las Metas 2021 y Educación 2030. En la primera, Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, se explicitó como ideas fuerza del proyecto:
El objetivo final es lograr a lo largo del próximo decenio una educación que dé respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables: Lograr que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad. Existe, pues, el convencimiento de que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión social (OEI, 2010, p. 16).
La segunda corresponde a la reunión regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21, celebrada en enero de 2017 en Buenos Aires, Argentina, donde establecieron como acuerdo general: “…garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”
(OREALC/UNESCO, 2017, p. 6)
La voluntad de acordar este tipo de metas entre un conjunto de países permite el intercambio, la difusión de experiencias y prácticas de política educativa exitosas en la región y fuera de ella, la creación de alianzas estratégicas y la generación de sinergias para abordar, de manera efectiva y colaborativa, los desafíos pendientes y temas emergentes (OREALC/UNESCO, 2017, p. 13) como se muestra en la figura 2.
Figura 2. Metas educativas para Iberoamérica. Basado en OEI (2010); OREALC/UNESCO (2017).
Un breve análisis de cada una de estas metas permite visualizar el escenario socioeducativo actual hacia donde se dirigirán todos los esfuerzos desde el ámbito social, económico, político y educativo.
La calidad de la educación es un término ideológico, ambiguo, multidimensional y polisémico, con una notable variedad de significados en función del espacio, tiempo y contexto en que lo usen, ya que dependiendo de la interpretación de este concepto se toman decisiones o establecen prioridades tanto a nivel político como educativo (Cano, 2009; Tiana, 2011). De acuerdo con OREALC/UNESCO (2008), el concepto holístico de calidad incluiría al menos cuatro dimensiones:
eficacia, eficiencia, pertinencia y satisfacción. Dicho de otro modo, podemos hablar de una educación de calidad en la medida en que seamos capaces de alcanzar los objetivos propuestos, siendo estos además coherentes con las metas últimas que nos hemos marcado y con las necesidades sociales detectadas,
haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles y satisfaciendo las expectativas de los diversos agentes implicados.
El alcanzar la calidad de la educación incide en el logro de las otras metas propuestas, por ello es una preocupación clave de la región de América Latina y el Caribe, porque se considera “una condición esencial para superar la inequidad y la pobreza, así como para crear sociedades más inclusivas” (OREALC/UNESCO, 2016a, p. 17). Al respecto Tiana (2011) señaló:
La mera escolarización no aseguraba la igualdad real ante la educación, siendo la calidad de la enseñanza un requisito indispensable para el logro de ese objetivo, puesto que una enseñanza de la misma duración, pero de diferente calidad, continuaría siendo fuente de desigualdades (p. 114).
Por otra parte, como se ha mencionado el concepto de calidad está marcado por alcanzar las metas propuestas; por lo tanto, un factor clave es establecer esas metas, que según el Informe Delors (1996) deberían ser los cuatro pilares del aprendizaje: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El logro de estos objetivos exige la existencia de un currículo relevante y significativo al que puedan acceder todos los alumnos sin ningún tipo de barreras o de exclusiones (OEI, 2010).
Sin embargo, en el informe Educación 2030 se declaró:
Destacamos que la calidad de la educación en todas sus dimensiones y en todos los niveles sigue siendo la gran deuda educativa pendiente en la región. Nos comprometemos a desarrollar políticas inclusivas con miras a la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación que incidan en todos los actores del sistema educativo (OREALC/UNESCO, 2017, p. 10).
Otra meta es garantizar la equidad a través de la igualdad de oportunidades para todos, sin distinción de etnias, lengua, credo o ideologías. Esto significa ir más allá de la equidad como acceso a la educación, sino como equidad al garantizar todos los alumnos, la oportunidad de aprendizaje significativo (Aguerrondo y Vaillant, 2015; Imbernón, 2017; Vaillant, 2011). Esta última es la más débil en la actualidad, provocando desigualdad en los aprendizajes de los alumnos. Una forma de abordar esta meta y necesidad a la vez es partir entendiendo la educación como un derecho humano irrenunciable; esto es, un bien fundamental, al que deben tener acceso todos los ciudadanos en condiciones de igualdad (Tiana, 2011). Para lograr este propósito se acordó en la agenda educativa post-2015 que el principio rector debe ser “contribuir a la reducción de la desigualdad y la pobreza a través de la provisión de una educación inclusiva de calidad, y aprendizajes a lo largo de la vida para todos/as” (OREALC/UNESCO, 2016a, p.
8). Esta equidad e igualdad de oportunidades no debe entenderse como una homogenización, sino comprender que cada individuo debe disponer de condiciones y oportunidades específicas para su aprendizaje (Aguerrondo y Vaillant, 2015), por lo tanto, el desafío es lograr igualdad sin perder la diversidad.
La meta de cohesión y aprendizaje inclusivo está muy relacionada con la equidad, que “supone poner al alcance de todas las personas oportunidades semejantes para aprender” (Palacios, 2001, p. 370). El proyecto Metas Educativas 2021 se sustenta en el convencimiento de que la educación constituye una estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y la inclusión social en Iberoamérica (OEI, 2013). Para lograr esta meta se debe igualar los resultados de aprendizaje y garantizar oportunidades educativas significativas y relevantes al contexto en que
se encuentran los alumnos y sin distinción de género, raza, o religión (Aguerrondo y Vaillant, 2015; Palacios, 2001).
La meta orientada a las habilidades y competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida, esto significa preparar al individuo para actuar en la vida y ante un cúmulo de incertidumbres, surge la necesidad de inculcar el gusto de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la posibilidad de desarrollar todos sus talentos y todas sus capacidades creativas, innovadoras, pensar críticamente, comunicar de manera efectiva, resolver problemas de forma autónoma, y ser capaces de adaptarse a los cambios socioeconómicos, así como mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades (OREALC/UNESCO, 2017; Pérez, 2009). También implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal, para desempeñarse en forma competente en esta sociedad del conocimiento como en las que vendrán, esto requerirá una reorganización del sistema escolar y sus procesos formativos, cambio que denomina Brunner (2001) como institucionalización de redes, que representa:
Una configuración diferente: Con estructuras abiertas, límites no-fijos sino cambiantes, múltiples conexiones y vías de comunicación entre las unidades o nodos; con alta frecuencia de contacto entre ellas; con jerarquías no-lineales, sino entrecruzadas; con descentralización, flexibilidad, autonomía de los organismos y/o programas de base; con formas de coordinación provistas más por el mercado que por el Estado, más a través de mecanismos de acreditación y evaluación que por medios de control directo (Brunner, 2001, 80).
La última meta declarada es la educación para el desarrollo sostenible tiene como propósito que las y los estudiantes: (a) adquieran conocimientos, valores y actitudes necesarios para realizar los derechos humanos, la igualdad de género y la cultura de la paz y la no-violencia; (b) llegar a ser las personas que deseen ser y disfrutar de vidas seguras, participar en la sociedad de manera responsable, adoptar la diversidad; vivir y trabajar juntos de forma armoniosa; y (c) contribuir con el desarrollo sostenible, la protección del ambiente y la vida en el planeta, así como ser capaces de enfrentar los desafíos del cambio climático (OREALC/
UNESCO, 2016a). De esta manera, la educación busca desarrollar una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable (OEI, 2010).
Ahora bien, el logro de estas metas se ve condicionadas y tensionadas por la aplicación de políticas que siguen la lógica de mercado donde predominan las exigencias de eficiencia y eficacia, y por otro lado la distribución de un bien público como es el conocimiento (Tedesco, 2010; Tiana, 2011). Esto se observa al analizar las estrategias para cumplir con estas metas (OEI, 2010; Tiana, 2011):
El diseño y el desarrollo del currículo, puesto en conexión con los mecanismos de evaluación de los aprendizajes.
La formación y el desarrollo profesional de los docentes.
La organización y el funcionamiento de los centros educativos.
La evaluación y la supervisión del sistema educativo y de los centros.
La disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos necesarios.
Modernizar la gestión de la educación.
Otorgar un papel más relevante a la comunidad educativa local.
Una acción más estratégica a la administración central.