Percepción social, impunidad y violencia

Una consecuencia de los conflictos de violencia que el país enfrenta es que la sociedad mexicana se ha identificado con el papel de víctima, ya que la realidad es que no sólo hay violencia y crimen, sino impunidad y corrupción. Ante esto se acentúa la cultura del miedo y el temor a ser víctima: víctima de ser asaltados, de ser robados, de salir solo de noche, víctima de los policías, de los jueces, de los abogados. Es una cultura de estar en riesgo permanente, por lo tanto, es aún más vulnerable a los mensajes que se reciban por medios masivos de comunicación (Bartra, 2016). Hoy en día hay un incremento de jóvenes que se están involucrando en organizaciones de delincuencia, ya que en lugar de recibir educación de calidad, están saturados de violencia mediática. Añadido a esto, la falta de creación de empleos dignos favorece la incorporación de jóvenes a los cárteles de narcotráfico. En los casos más extremos de pobreza, los niños pertenecen a redes de explotación infantil que los obliga a trabajar en el comercio informal.

La violencia migratoria también ha cobrado víctimas en los últimos años. Algunos analistas confirman que la sociedad se siente desamparada, tal como lo expresa el título del trabajo de un equipo de investigadores del Colegio de México, En el desamparo […] (2016). Los ciudadanos se saben desprotegidos por las autoridades (in)competentes, como lo muestra el nivel de impunidad ante tragedias como la de San Fernando, Tamaulipas en 2010, cuando murieron 72 migrantes y Allende, Coahuila en

2011, donde fueron masacrados un número desconocido de personas (Aguayo, 2016).

Lo importante de este tipo de investigaciones es que actualizan lo sucedido y evitan que quede en archivo muerto, intentan darle un rostro a las víctimas y buscan que se impute a los responsables (Cazar, 2016).

En la última década los índices de violencia derivada del crimen organizado en México han alcanzado niveles históricos. Desde 2006 hasta 2015, han sido asesinadas intencionalmente 150 mil personas (Open Society Foundations, 2016). De diciembre del 2012 a mayo del 2016 se han contado al menos 62 707 asesinatos, lo que hace 54 por día. De enero a abril de 2016 son 6576. Estas cifras fueron dadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicadas en la web del Centro Nacional de Información.

El INEGI también proporciona este tipo de datos, aunque no siempre coinciden con las cifras del SESNSP. Sin embargo, periodistas de investigación argumentan que las cifras son incalculables, ya que hay casos que no se registran o se dictaminan como accidentes o suicidios, cuando en realidad se trata de homicidios. Por ello, el semanario Zeta afirma que se ha llegado a un estimado de 78 109 casos en cuatro años, del 2012 al 2016 relacionados con el crimen organizado (Lara, 2016).

Los parámetros para contabilizar estos crímenes también son variables. Los estados más violentos registrados de enero a agosto de 2016 han sido el Estado de México (1326), Guerrero (1267) y Chihuahua (771), pero si se miden los homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes en este mismo periodo, los estados que encabezarían la tabla son Colima (45.9), Guerrero (35.3) y Sinaloa (20.1) (op.cit, 2016). Si se contabiliza sólo el primer bimestre de ese año se obtiene el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Tasa de homicidio doloso por cada 100 000 habitantes Fuente: SESNSP

Lo anterior remite a un problema más antiguo. Hace una década, en el 2007, Bill Clinton afirmó en una audiencia del congreso que Estados Unidos, con el 5 % de la población mundial, consumía entonces el 30 % de la producción total de cocaína. Un año más tarde, la OMS confirmó que dicho país consumía el 50 % de drogas para uso recreativo, lo cual tiene consecuencias devastadoras para su país vecino por la alta demanda y complicidad en la producción y tráfico de drogas. Además de ser el mayor consumidor, en el 2010 se registró también como uno de los mayores productores de marihuana con 10 000 toneladas métricas anuales, con utilidades mayores que las del maíz o la soja (López, 2010).

Las cifras de desapariciones forzadas no son más alentadoras, ya que de acuerdo al Informe Anual 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dependencia de Secretaría de Gobernación, hay 28 472 expedientes de personas cuyo paradero se desconoce y han aumentado 5201 en dos años, es decir, desde el 2014 (Martínez, 2016).

Por su parte, en el 2015 el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó que se propuso estudiar, desde una perspectiva más optimista, los índices de paz en México, dejar de lado cifras sobre violencia y en su lugar mostrar el avance que se ha logrado en tener un país más pacífico en relación a años y administraciones anteriores (IEP, 2015). Sin embargo, la inseguridad e impunidad siguen siendo un problema sin resolver.

Ante esta situación es urgente preguntarse qué está haciendo el Estado en la contención de la violencia para proteger a la sociedad. Hasta la fecha, se han creado distintas instituciones y organismos que se han dedicado a investigar y atender el problema de la violencia desde su campo de acción. Se encuentra, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Asesoría Jurídica Federal a Víctimas, Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto y Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que dan seguimiento inmediato a los casos de las víctimas de violencia doméstica, desapariciones forzadas o cualquier otro tipo de violencia (CEAV, 2016). También se ha publicado la Ley General a Víctimas, que busca garantizar la atención legal inmediata a las víctimas de todo tipo de delitos (Cámara de Diputados, 2013). Al respecto, los analistas consideran que hace falta políticas de prevención al delito y de seguridad municipal o mejorar las que ya existen, porque ya han quedado obsoletas (Cazar, 2016).

Esto permite ver que el Estado aún debe resurgir en dos aspectos. Por un lado está su obligación como organización rectora, como poder supremo que está por encima de todos los poderes, incluyendo el poder empresarial, que va de acuerdo a la teoría del Estado de Weber y por otro debe asumir su papel como estado benefactor que protege la vida y valores de sus integrantes, como comunidad política, que fomenta la asociación de sus miembros (Esteinou, 2011).

Lo anterior hace aún más evidente la necesidad de medios de comunicación comprometidos y capaces de vincular a la ciudadanía con el Estado rector, una figura que da estructura y vela por los derechos de la gente, como el derecho a la información y no los utiliza para favorecer intereses políticos, económicos y de poder, sino que actúa según lo estipula la Constitución de toda nación democrática que fomenta el diálogo y promueve la resolución de problemas sociales a través del intercambio de opiniones. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las audiencias, no sólo en la línea de los contenidos que se transmiten, sino en el tratamiento de éstos. De igual manera, debe vigilar que se correspondan a la realidad que se vive, sin ocultar ni exaltar aspectos fundamentales (Cázeres, 2015; Esteinou, 2011).

Por su parte, también corresponde a la sociedad no sólo exigir, sino vigilar desde su sitio la calidad de los contenidos y valerse tanto de observatorios ya existentes como

de nuevos organismos que hagan escuchar su voz ante las autoridades pertinentes.

En el caso de informativos, es pertinente tomar una postura crítica ante los hechos difundidos por las televisoras públicas y privadas y fomentar una cultura audiovisual que no se deje llevar por el impacto de contenidos e imágenes crudas y de violencia, sino siempre cotejar distintas fuentes de información y denunciar la desinformación como una falta a la Constitución Mexicana. En el caso de contenidos de ficción también es deber de la ciudadanía pedir una regulación adecuada de contenidos, hacer respetar horarios y clasificaciones de programación pero, ante todo, exigir respeto a la audiencia y considerar sus intereses y necesidades comunicativas e informativas como ciudadanos.

3.2. La responsabilidad del Estado ante la violencia real y representada. La