Papel del Estado

Los expertos coinciden en que el papel del Estado frente a los medios públicos es el de crear las condiciones para que se fortalezcan, el dotarlos de autonomía a partir de políticas de comunicación específicas para medios públicos, lo cual lleva a los entrevistados a reflexionar en varios aspectos, como puntos a favor y en contra de la Ley del 2014, la independencia editorial y la relación tensa que siempre ha existido entre estos y el Estado. Coinciden en que esto se relaciona inmediatamente con el tema de financiación, ya que es imprescindible que deje de ser una condicionante para su operación y, en su lugar, darles independencia.

Cada uno ha insistido en temas particulares. Para José Antonio Brambila, la relación sana entre Estado y medios públicos es el corazón del concepto de lo que permite que los mismos existan, aunque surge inevitablemente el cuestionamiento sobre cómo garantizar su independencia. En México y otros países es común que dicha relación sea tensa.

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Alma Rosa Alva de la Selva considera que no hay independencia actualmente, todos son medios estatales y por ello no hay medios públicos en México. El Estado debe crear la normativa y las políticas necesarias para que se desarrollen y se fortalezcan.

Al ser estatales sí requieren del apoyo del Estado para no depender de cada gobierno.

Comenta que algunos otros expertos en radiodifusión celebran la nueva ley porque dicen que hay avances, ya que se creó el Sistema Público de Radiodifusión y a partir de él un nuevo canal público llamado Una voz con todos, pero es un canal que hasta la fecha no ha aportado nada y no tiene realmente presupuesto para producciones propias. Sobre los lineamientos del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Alva de la Selva afirma que todo se ha quedado en el papel y no hay avances reales en la práctica. Se mencionan las bases del servicio público de radiodifusión pero no la forma en la que los medios se tienen que ceñir a esto y mucho menos cómo obligarlos o sancionarlos en caso de no cumplir con lo estipulado, por lo tanto nadie lo hace.

Sin embargo, sí ha habido beneficios para el sector privado. Afirma que:

“El  gobierno  ha  favorecido  desde  hace  décadas  a  los  medios comerciales, como por ejemplo cuando el gobierno de Calderón prácticamente regaló el espectro radioeléctrico a Televisa, lo cual es impensable en otros países. El gobierno de Vicente de Fox regaló el tiempo fiscal a medios comerciales. Era un tiempo que les  correspondía  pagar  pero  lo  perdonaron  y  redujeron”  (Alva  de  la  Selva,  2017).  

Insiste también en los verdaderos motivos por los que surgió la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, ya que fue sólo una forma de ganar legitimidad para el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se promovió como parte de las reformas estructurales que iban a impulsar al país y que hacían falta desde hacía años. Incluso formó parte de la campaña hacia la presidencia de Enrique Peña Nieto y esto le favoreció mucho. Desafortunadamente no se le dio el carácter social, de pluralidad y desconcentración que le dio legitimidad en un inicio, sino que se convirtió en una forma descarada de favorecer a Televisa y en la vía para sentar los lineamientos económicos para la competencia en el escenario digital. Por su parte, Televisa también le construyó una imagen para que pudiera ganar las elecciones del 2012.

186 Florence Toussaint coincide al respecto en que esta ley no significó un cambio real para los medios públicos y sigue siendo indispensable dotarlos de autonomía, porque actualmente no la tienen. En ocasiones así se definen, como medios estatales, pero en otras ocasiones es porque no han podido tenerla y son dependientes del gobierno en turno. Son aparatos de propaganda y no cumplen de ninguna manera lo que se contempla que debe cumplir un canal o radiodifusora públicos. Sin embargo, desde un sentido práctico, en México lo más cercano a la idea de televisión pública la cubren aquellos canales que son administradas y reciben presupuesto de una entidad pública, que transmiten programación de línea editorial educativa o cultural, pero en lo que refiere a autonomía, no se puede decir que la tengan como tal. Toussaint afirma, como los otros expertos, que el papel del Estado es el de crear políticas públicas de comunicación específicas para medios públicos.

En este sentido, Norma Pareja, miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, confirma la necesidad de terminar con la confusión de medios públicos y estatales y también se apega a la perspectiva del Estado como institución que otorga libertad para crear medios públicos fuertes e independientes desde una perspectiva de fortalecer el propio papel que los medios públicos tienen en la sociedad. Sin embargo, sí ve avances en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, ya que considera que una de las cosas rescatables fue justamente tratar de constituir elementos de autonomía. Esto lo están comprobando los miembros del Canal del Congreso ya que es un espacio donde se trabaja con múltiples partidos políticos y notan que éstos ven a los medios en general como un espacio de promoción y propaganda más que como un espacio donde tengan que rendir cuentas. Esto muestra no sólo para la televisión parlamentaria sino para los medios en general la necesidad de esta autonomía.

Si funcionó por décadas el papel del Estado benefactor para los medios, fue más bien como aparato de propaganda, de tal modo que para una sociedad del siglo XXI, con más fuentes de información, con procesos de transición a la democracia bastante agudos, críticos e intensos que se han vivido en México desde 1985, muchos consideran que desde entonces ha habido transformaciones en la cultura política, porque ha habido un nuevo auge de la ciudadanía como sujetos de derecho y se

187 vuelve mucho más urgente que los medios públicos se configuren como independientes, aunque sí se conserve la relación por el tema del presupuesto.

Patricia Ortega también se muestra optimista respecto a la Ley del 2014, porque ya contempla el servicio público de radiodifusión y de forma integral unió estos servicios, ya que antes separaba telecomunicaciones, radio y televisión. Ahora es una ley convergente. Se podría decir que actualmente lo más cercano a una televisión pública en México es Una voz con todos, el canal de SPR, que a su vez se creó como consecuencia de esta Ley y a partir de lo que fue el Organismo Público de Medios Audiovisuales (OPMA), una red de televisoras de señal digital. El SPR busca reflejar lo que establece la ley sobre el ombudsman, derecho de audiencias, contenidos de calidad y su canal busca ser generalista y un espacio que transmita contenidos para todos.