Normas y orientaciones generales para los centros educativos del país

Las orientaciones definidas para todo el sector educativo fueron emitidas por el Ministerio de Educación el cual el 12 de marzo suspendió las clases presenciales debido a la emergencia sanitaria y a la necesidad de mantener a los millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fuera del peligro que implicaban las clases presenciales. El 23 de marzo de declaró cuarentena rígida en todo el país,

por lo que en el curso de dos semanas toda la educación viró de ser presencial a ser totalmente virtual, circunstancia para la cual pocos centros estaban preparados.

Durante los meses siguientes se generaron diversos efectos sociales, académicos, políticos y económicos sobre la educación regular en términos de luchas entre el sector educativo urbano, rural, privado y fiscal, el magisterio y los padres y madres de familia (PPMMFF) de todos estos sectores. En todo este complejo conjunto de actores y variables, pueden identificarse algunas que determinaron el curso de los acontecimientos:

Inicialmente, los PPMMFF exigían volver a clases, particularmente en el área rural, pues aún la pandemia no había golpeado muy fuerte en ese sector; posteriormente, cuando los contagios se hicieron más frecuentes, comenzaron las quejas hacia el Ministerio de Educación en cuanto a accesibilidad a internet y a dispositivos que permitieran llevar a cabo las clases en modalidad virtual, arguyendo que esta modalidad no era viable ni en el sector urbano y menos en el rural por la falta de acceso tanto a internet como a los dispositivos necesarios: “Los problemas identificados son: la brecha digital; la falta de capacitación de profesores, estudiantes y padres; la falta de un plan de contingencia y a largo plazo; las presiones sociales, y la ausencia de un nuevo modelo educativo que incluya procesos semipresenciales, pues la COVID-19 “llegó para quedarse” y cambiará para siempre los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Los Tiempos, 22 de mayo, 2020).

Figura 1. Actores y variables de la gestión educativa característicos del confinamiento debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19

Fuente: Elaboración propia

Paralelamente, comenzaron también las quejas y demandas del sector privado que originó discusiones respecto al monto que las pensiones. La exigencia era llegar a una rebaja del 50% de las

pensiones desde el mes de marzo (Página 7, 25 de junio, 2020). Los centros educativos privados indicaban que esto no era posible por las obligaciones laborales con el profesorado que mantuvo su trabajo e incrementó su tiempo de dedicación al incluir en el proceso la necesidad de capacitación en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. En junio, el Ministerio emitió un instructivo que definía descuentos de entre el 6% hasta el 28% considerando el número de estudiantes de cada centro, los costos base sobre las pensiones y la existencia o no del uso de plataformas virtuales (Página 7, 2 de agosto, 2020). Este comunicado no satisfizo las exigencias de PPMMFF quienes a fin de año sólo el 20% habían cancelado las pensiones (Los tiempos, 21 de noviembre de 2020).

Todo ello, además, matizado por una circunstancia particular como país; pues además de la crisis sanitaria Bolivia inició una crisis política generada por el fraude electoral declarada por la OEA para las elecciones de octubre del 2019, lo que dio inició a un gobierno de transición que debía llamar a elecciones generales en mayo 2020, pero que debido a la crisis sanitaria suspendió hasta octubre de esa misma gestión. La crisis política se permeó en la crisis educativa, debido a que las decisiones tomadas en cada uno de los sectores, estuvo definida por la adherencia política, por lo que la argumentación técnico pedagógico no tuvo espacio para lograr una gestión que facilite encontrar soluciones.

Por otro lado, maestros y maestras, no tenían las competencias digitales ni para la generación, gestión de procesos de enseñanza virtuales. El Ministerio, junto con CISCO, Google y la Universidad Católica Boliviana firmó convenios para que, a partir de abril, se desarrollaran cursos para el uso de herramientas virtuales en la educación dirigidos a 150.000 maestros y maestras en todo el país. Hasta mayo se habían inscrito 80.000 educadores y concluyeron su formación aproximadamente 46.000 y aún continúan algunos rezagados (La Razón, 27 de abril, 2020). Simultáneamente, se iniciaron convenios con las empresas de telecomunicaciones: ENTEL, TIGO, VIVA, AXS y cooperativas de teléfonos para lograr precios diferenciados para teleducación (Viceministerio de Comunicación, 12 de mayo, 2020). Asimismo, en agosto, se liberó la página del Ministerio para que todos los maestros y maestras puedan acceder a las plataformas Google Classroom y Microsoft Teams de manera gratuita con material educativo en las diferentes áreas incluido de manera que tanto profesores como estudiantes puedan ingresar y encontrar contenido interactivo, además de poder cargar nuevo material (Página 7, 31 de agosto, 2020).

El 2 de agosto, después de que demandas de PPMMFF y del profesorado de los diversos sectores no pudieron llegar a un acuerdo técnico, el Gobierno decide clausurar el año escolar y dar aprobación a todo el alumnado por decreto (Página 7, 2 de agosto, 2020). El Ministerio define que no existen las condiciones para continuar con las clases, debido a la falta de acceso a internet y la imposibilidad de reiniciar la presencialidad. Esta determinación implicaba que la educación pública iba a mantener los salarios de los maestros según lo planificado hasta diciembre, pero los colegios privados no iban a poder cubrir esos costos. Se declararon en emergencia, ya que aseguraron que perderían sus trabajos y que la medida ocasionaría que muchos colegios tengan que cerrar. Las reacciones fueron muy críticas y aún meses después las secuelas continuaron generando dificultades (Página 7, 25 de diciembre, 2020).

Al día siguiente de anunciar la medida, el Ministro aclaró que se trata de un cierre “administrativo” y que la educación virtual y a distancia pueden continuar en el país (Correo del Sur, 03 de agosto de 2020). Sin embargo, este cierre administrativo generó que muchos colegios privados que estaban ahogados por el tema salarial y la falta de pago de las pensiones terminaran los contratos con sus profesores. En el caso de los colegios públicos, dado que el factor laboral estaba garantizado, se acató la medida y el cierre implicó, por lo tanto, que tanto la parte administrativa, notas y otros aspectos concluyan con la gestión 2020, y lo académico deje de ofrecer el servicio.

Todo esto se consideró un atentado al derecho a la educación, ya que realmente más de dos millones de niños, niñas y adolescentes quedaron a la deriva respecto al desarrollo del aprendizaje correspondiente a su edad. Durante los siguientes meses, la gestión del Ministerio de Educación trate de plantear algunas soluciones académicas: mantener los procesos de capacitación docente, fibra óptica para abaratar los costos y consolidar la red académica nacional: universidades y colegios que tengan intranet con un costo cero de tráfico internacional e internet gratuito, la oferta de servicios de las plataformas virtuales con contenido, elaboración de cartillas para educación a distancia con contenidos para todos los grados y todas las áreas que se desarrollarán a través de radio y televisión digital, cursos de preparación universitaria para bachilleres. En estos últimos, de 154.000 bachilleres en todo el país, 110.000 se inscribieron a estos cursos ofrecidos por el Ministerio de Educación con carácter gratuito (Hora 23, 30 de octubre 2020).

La gestión del Ministerio de Educación, por lo tanto, puede observarse en la figura 2.

Figura 2. Áreas de gestión desde las instancias gubernamentales.

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, como el gobierno que llevó a cabo todas estas medidas concluyó su gestión y se realizó la transferencia de mando al partido electo el 8 de noviembre, se anuló el Decreto Supremo 4260 aprobado en la gestión pasada para implementar la enseñanza la virtual, semipresencial, presencial y a distancia, indicando que la norma no fue aplicada plenamente y fue cuestionada por maestros y padres de familia (La Razón, 20 de noviembre, 2020).

Finalmente, en diciembre se realizó un encuentro Pedagógico que culminó en las siguientes conclusiones (Ministerio de Educación, 18 diciembre 2020):

1. Expresamos nuestro repudio a las políticas económicas, sociales y educativas neoliberales y privatizadoras desarrolladas por el gobierno de facto e ilegítimo de Jeanine Áñez que ha destruido y arrebatado el derecho a la educación del pueblo boliviano.

2. Se Ratifica la plena vigencia de la Ley 070 de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

3. Ratificamos nuestra voluntad de recuperar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes en el marco de la Constitución Política del Estado, con la participación plena de los actores Educativos, Instituciones y Organizaciones Sociales.

4. Conminamos la abrogación del DS 4260 que constituye una amenaza para los intereses del pueblo boliviano porque fue diseñado para iniciar el proceso de privatización de la educación y para excluir a las grandes mayorías del país.

5. Afirmamos que ninguna alternativa educativa desarrollada hasta ahora ha podido reemplazar la relación directa entre maestros y estudiantes y así garantizar una educación de calidad y calidez, es por eso que definimos que dependiendo de las condiciones sanitarias y los estudios epidemiológicos correspondientes en cada contexto, se desarrollarán tres modalidades para garantizar el reinicio de actividades educativas; presencial, semipresencial y a distancia, complementados con teleducación, radioeducación, plataformas virtuales y otros recursos educativos pertinentes.

6. Pedimos a todos los niveles de Gobierno; central, departamental y municipal, bajo las normativas correspondientes y las competencias de cada nivel de Gobierno, garantizar las condiciones e insumos de bioseguridad para el retorno seguro a las escuelas.

7. Asumimos de forma conjunta entre maestros, maestras, padres y madres de familia, organizaciones sociales e instituciones educativas, la corresponsabilidad de recuperar el tiempo de aprendizaje perdido por la clausura escolar del gobierno de facto, a través de procesos de nivelación, de aprendizajes durante la gestión educativa 2021 en el primer trimestre.

8. Declaramos el 2021 como el "Año por el Derecho a la Educación".

9. Los documentos y propuestas presentadas por las organizaciones e instituciones participantes del VI Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, serán tomadas en cuenta por el Ministerio de Educación.

De estas conclusiones, sectores como los de educación de convenios rechazaron los puntos 1 y 4, por su carácter político y falsedad, pues el mencionado decreto perjudicó justamente a la

educación privada, que fue la más perjudicada en términos académicos y, sobre todo, económicos (Zeballos, 2020).