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4. PROYECTOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO SOCIAL

4.2. Expressão Prisional: comunicación alternativa en la cárcel

4.2.1. Introducción ................................................ ¡Error! Marcador no definido

El sistema penitenciario en Brasil es considerado fallido. Entre algunas de las razones podemos citar el hecho de presentar cárceles superpobladas, sin la mínima infraestructura física y sin el debido acompañamiento del individuo que ha cometido algún delito, para que sea bien preparado para volver a convivir en sociedad. El sistema tampoco prepara la sociedad para la reinserción del exconvicto, de ese ciudadano, que acaba muchas veces debido al prejuicio sufrido, no encontrando condiciones dignas y retorna al mundo del crimen o la ilegalidad.

En tal contexto, y con el intento de disminuir esos problemas, en 1976 fue creada la Fundación de Amparo al Preso y al Exconvicto, con el objetivo de “contribuir a la recuperación social del preso y para la mejora de su condición de vida, a través del aumento del nivel de sanidad física y moral, del adiestramiento profesional y de la oferta de oportunidades de trabajo remunerado”

(FUNAP, 1976, traducción nuestra). Hoy la Fundación trabaja con otros objetivos. El foco principal de sus proyectos es la educación. El fin de la entidad es ofrecer diversas maneras para que los internos desarrollen sus capacidades substantivas en el periodo en el que están reclusos y que se empoderen para que, al volver a la sociedad, sean aceptados y asuman su papel de agentes transformadores.

El proyecto Expressão Prisional surgió exactamente en esa realidad: tener la educación como principal herramienta de empoderamiento. Una de las dificultades enfrentadas por FUNAP era el bajo número de matriculaciones en las escuelas que ellos mantenían dentro de las unidades penitenciarias, en especial en la P1 del Complejo Penitenciario Campinas-Hortolândia, donde el proyecto fue desarrollado e implementado. Por eso, nuestro principal objetivo fue atraer un número más elevado de alumnos. En paralelo, trabajamos con acciones de comunicación externa, con la prensa local, mostrando acciones positivas desarrolladas dentro de la cárcel para intentar disminuir el prejuicio que las personas tienen en relación a los presos y a los exconvictos.

Durante seis meses, nuestro equipo trabajó junto con un grupo de 13 presos y monitores-presos24 de la unidad penitenciaria. Partiendo de encuestas desarrolladas con los detenidos, logramos comprobar la hipótesis de que el trabajo de FUNAP era poco conocido entre los presos y que la escuela precisaba de herramientas eficientes para atraer un número más grande de alumnos a las clases. Fue entonces cuando surgió la propuesta de crear un diario con informaciones de interés para la población carcelaria y que, más que eso, también pudiera ser utilizado como material didáctico en la escuela.

Más allá de divulgar la escuela dentro de la Penitenciaria 1 de Hortolândia, para atraer un mayor número de alumnos a las aulas, el informativo también quería ayudar al mantenimiento de la libertad del individuo, en lo que se refiere a tener acceso a la información y poder opinar (dentro de los límites impuestos por la reclusión) sobre lo que estaba pasando dentro de la penitenciaria.

4.2.2. Contextualización

El sistema penitenciario de Brasil es considerado ineficiente. Miles de personas que cometen delitos de gravedad diversa se amontonan en las cárceles superpobladas sin infraestructura básica, que los mantiene “fuera de la sociedad” por algún tiempo pero no los prepara para volver a la vida civil.

De acuerdo con FUNAP, en Brasil hay cerca de 329.000 presos, de los cuales 138.000 están en la provincia de São Paulo, distribuidos en 137 cárceles. Cada mes, alrededor de 4.900 reclusos ingresan al sistema, mientras que 4.060 salen de las cárceles y vuelven a la sociedad; es decir, son 840 reclusos más en el sistema. Para satisfacer esta demanda el gobierno tendría que construir una nueva prisión al mes, y para mantenerlas serían necesarios 15 millones de reales, aproximadamente 7 millones de euros. El presupuesto medio del sistema penitenciario es de 1,1 billón al año, casi el presupuesto de una ciudad como Campinas, que tiene más de un millón de

24 Son los presos que, debido a conocimientos específicos o capacidad de enseñanza, trabajan como profesores en las escuelas de FUNAP.

habitantes. Otro dato alarmante es la alta tasa de reincidencia (regreso al sistema penitenciario), que alcanza el 60% (Secretaria de Segurança Pública de Brasil, 2005).

Por lo tanto, podemos ver que los datos mencionados anteriormente son muy contradictorios, ya que la Ley 7210 (Ley de Ejecución Penal), del 11 de julio de 1984, establece en su artículo 1º que “la ejecución penal tiene por objeto hacer cumplir las disposiciones de sanción o decisión criminal y proporcionar las condiciones para la armoniosa integración social del condenado y del exconvicto”. En la misma ley se determina que es deber del Estado posibilitar condiciones de

“resocialización”: “La asistencia a los prisioneros y a los exconvictos es el deber del Estado, buscando prevenir la delincuencia y orientar el regreso a la vida en sociedad” (Art. 10º). La ley establece que dicha asistencia se extiende al exconvicto. En el artículo 11º se determinan las seis categorías específicas de asistencia: material, a la salud, legal, educativa, social y religiosa. A nosotros nos interesa la educativa. Esta sección está formada por cinco artículos, que establecen:

- la asistencia educativa incluye la formación escolar y profesional de los reclusos y exconvictos;

- la educación primaria integrada en el sistema escolar del Estado es obligatoria;

- la enseñanza profesional será administrada en el nivel de iniciación o de desarrollo técnico;

- las actividades educativas pueden ser objeto de acuerdo con entidades públicas o privadas;

- la satisfacción de las necesidades locales de cada prisión: se debe instalar en cada establecimiento una biblioteca escolar, para el uso de todas las categorías de reclusos, con libros instructivos, recreativos y didácticos. (Ley de Ejecución Penal, 11°

art.)

En la provincia de São Paulo, FUNAP es responsable de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones.