Temas específicos del grupo Iberdrola Costes del suministro

Enfoque de gestión

El coste del suministro eléctrico y la transición energética están tomando un mayor protagonismo en la agenda política y social. El principal reto es el de conciliar un suministro seguro y ambientalmente respetuoso, con el uso de energías renovables, y unos precios competitivos y asumibles por la socie-dad en su conjunto.

El sector eléctrico, por su naturaleza de servicio básico para la sociedad, está ampliamente regula-do en los diferentes países en los que Iberdrola desarrolla sus actividades, con diferentes graregula-dos de liberalización en alguna de ellas. En estos países, los temas que son objeto de debate y las actuacio-nes regulatorias más relevantes que se están desarrollando actualmente se describen a continuación:

Unión Europea

– La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y la Comisión Europea confirman, en estudios publicados en 2016 sobre los precios de la electricidad, que los impuestos y los com-ponentes asociados a políticas energéticas y medioambientales son los que más han crecido, llegando a suponer la mitad de la factura en países como España. Este incremento de los costes asociados a políticas energéticas y medioambientales se debe fundamentalmente a que el sector eléctrico es el único que soporta económicamente el objetivo del desarrollo de energías reno-vables impuesto por la Unión Europea. Un suministro eléctrico competitivo requiere eliminar los componentes de coste ajenos al propio servicio, y la cobertura de estos vía impuestos generales o a través de todas las energías contaminantes.

– La estrategia de la Unión de la Energía lanzada en 2015 y concretada en propuestas legislativas como el “paquete” Energía Limpia para todos los Europeos (2016), responde a la necesidad de cumplir la agenda de medio ambiente a 2030 (reducción del 40 % de las emisiones GEI, incre-mento del 27 % en las renovables, y mejora de la eficiencia energética del 30 %), velando por la seguridad del suministro, por la competitividad de la industria europea y permitiendo precios asequibles para los ciudadanos europeos.

España

– El precio del suministro eléctrico en España es inferior a la media europea. Y es así a pesar de que menos de la mitad de los costes del suministro están relacionados directamente con la prestación del servicio. El resto son costes derivados del cumplimiento de objetivos de política energética (apoyos a las energías renovables y cogeneración) y sociales (subvenciones a la electricidad en territorios no peninsulares, recuperación de los déficits tarifarios de años anteriores…).

– Iberdrola ha establecido un Procedimiento de protección a clientes en situación de vulnerabilidad con el fin de asegurar el suministro energético a ciudadanos económicamente desfavorecidos.

Son aquellos suministros acogidos al bono social, por ser pensionistas, o por tener a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo. Además, Iberdrola está impulsando desde 2015 la firma de convenios con diversas entidades públicas y ONG, en consonancia con su propósito de proteger a clientes que no pueden pagar sus facturas de gas y electricidad. El 100 % de los clientes domésticos de Iberdrola residen en una localidad protegida por algún convenio.

Reino Unido

– El debate sobre los precios se centra en las tarifas variables estándar (SVT, que aplican solamen-te a los cliensolamen-tes que no han tomado una decisión explícita de contratación) más altas: reducir el

– Aunque el Gobierno sigue centrado en minimizar los costes que controla, ha mantenido las subas-tas de capacidad, el precio mínimo del CO2 y ha anunciado la próxima subasta de Contratos por Diferencias.

Estados Unidos

– El año 2017 se ha visto marcado por la aprobación de la Reforma Fiscal: bajada del impuesto de sociedades, eliminación de la Tasa Alternativa Mínima, etc. Esta reforma no incluye ningún capí-tulo dedicado a las energías, por lo que los créditos fiscales a las renovables (PTC/ITC) continúan vigentes tal y como se establecieron en 2015.

– El Departamento de Energía (DOE) propone la revocación del Clean Power Plan sin definir sus planes sobre una futura normativa que regule las emisiones.

– En 2017 se publicó un informe del DOE sobre fiabilidad del sistema cuya principal conclusión es que la disminución de potencia instalada de base de carbón y nuclear es consecuencia, en mayor medida, del bajo precio del gas natural y no de la competencia de las tecnologías reno-vables.

– Las revisiones de tarifas denotan una presión de los reguladores por limitar los retornos sobre el capital manteniendo exigencias de inversión derivadas de la mejora de infraestructuras de red.

– El desarrollo de redes inteligentes, la rápida reposición del suministro ante fenómenos meteoro-lógicos extremos, las nuevas regulaciones de EPA y la integración de nuevas fuentes energéticas, requieren grandes inversiones, lo que a veces entra en conflicto con el objetivo de reducir tarifas finales.

México

– En el año 2014 se inició una reforma energética, siendo uno de sus claros objetivos mejorar la competencia y reducir las tarifas eléctricas del consumidor final.

– Con la apertura de la generación de energía eléctrica a la inversión privada, los objetivos de generación renovable y otras medidas, como subastas de compra de certificados de energía lim-pia, la reforma está incentivando la competencia para la diversificación de la matriz energética y la disminución en costes de generación.

– En noviembre de 2017 la CRE publicó la nueva metodología de cálculo para la tarifa regulada para el suministro básico, que pasa a ser aditiva y reflejar los costes del sistema. Su implemen-tación será progresiva durante los primeros meses de 2018, excepto para el consumo doméstico que permanece con la metodología antigua indefinidamente.

Brasil

– El año 2017 ha estado marcado por una posición de sobrecontratación de energía por parte de las distribuidoras, ocasionado por la reducción del consumo derivado de la crisis económica, migración de consumidores al mercado libre sin posibilidad de que las distribuidoras pudieran reducir los contratos y asignación de contratos por un montante superior al necesario. Los órga-nos reguladores y el Gobierno han aprobado un conjunto de medidas que han solucionado este riesgo de las distribuidoras.

Como operador eléctrico en estos países, Iberdrola mantiene un espíritu de colaboración con los reguladores de los sistemas de suministro de energía eléctrica, para ayudar en la definición de su evolución, y operará dentro de la regulación establecida, defendiendo marcos que profundicen en la liberalización y transparencia de los mercados y que incentiven las inversiones necesarias y las operaciones eficientes, mediante esquemas tarifarios que den señales eficaces a los consumidores y que no les penalicen con costes ajenos al suministro eléctrico.

Financiación verde Enfoque de gestión

Iberdrola se posiciona como la primera compañía mundial en emisión de bonos verdes con el obje-tivo de alinearse con su visión y valores, optimizar el coste de su deuda y diversificar sus fuentes de financiación.

La característica diferencial de este tipo de bonos reside en el compromiso que adquiere el emisor de destinar los fondos obtenidos a la financiación o refinanciación de proyectos socialmente respon-sables, como puedan ser las energías renovables, la mejora de eficiencias en redes de transporte de electricidad o la investigación en fuentes energéticas más eficientes, por ejemplo. Asimismo, el emisor también se compromete a reportar periódicamente el retorno de sus inversiones en tales proyectos en lo que a factores de sostenibilidad se refiere.

La compañía emitió su primer bono verde en 2014, y desde entonces ha intensificado su financiación en este mercado orientado a inversores “ISR” (Inversión Socialmente Responsable) con numerosas emisiones más, y en sus distintas vertientes: tanto públicas como privadas, senior como subordinadas (bono híbrido de noviembre 2017), realizadas desde la corporación o desde sus filiales (bono verde de Avangrid en noviembre de 2017).

La validación de los proyectos elegibles para cada operación está recogida en las correspondien-tes Second Party Opinion, elaboradas por VigeoEiris y disponibles en la página web corporativa. Es importante destacar que la emisión de este tipo de activos financieros precisa no solo del cumpli-miento de los Green Bond Principles a nivel de operación, sino también de la existencia de un perfil de sostenibilidad sólido por parte del grupo emisor.

A continuación se presenta una tabla que resume cuáles han sido los beneficios medioambientales en 2017 asociados a la inversión financiada con los bonos verdes emitidos por Iberdrola.

Bono Ámbito de la

Para mayor detalle sobre estas operaciones y sus retornos en materia de sostenibilidad se puede consultar el Informe de retornos de la Financiación Verde, disponible en el Anexo 2 del presente informe.

Responsabilidad fiscal Enfoque de gestión

El comportamiento fiscalmente responsable de todas las sociedades del Grupo Iberdrola, forma parte de la Política general de responsabilidad corporativa, la cual contempla los principios de actuación básicos que deben ser respetados. Los tributos que el grupo satisface en los países y territorios en los que opera, constituyen la principal aportación de las sociedades del grupo al sostenimiento de las cargas públicas y, por tanto, una de sus contribuciones a la sociedad.

Entre los valores que guían las políticas corporativas, las normas internas y demás códigos y pro-cedimientos internos están los principios éticos, el buen gobierno corporativo y la transparencia y la lealtad institucional.

En 2010, el Consejo de Administración aprobó la Política fiscal corporativa y el 21 de febrero de 2017 su última actualización. Esta Política recoge la estrategia fiscal de la Iberdrola, S.A. y su compromiso con la aplicación de las buenas prácticas tributarias, y resulta aplicable a todas las sociedades del Grupo en todos los países donde opera.

Dentro de esa Política fiscal se definen una serie de principios, entre los cuales se encuentran:

– “La prevención y reducción de los riesgos fiscales significativos, velando por que la tributación guarde una relación adecuada con la estructura y ubicación de las actividades, los medios humanos y materiales y los riesgos empresariales del grupo”.

– “La potenciación de una relación con las autoridades en materia tributaria basada en el respeto a la ley, la lealtad, la confianza, la profesionalidad, la colaboración, la reciprocidad y la buena fe, sin perjuicio de las legítimas controversias que, respetando los principios anteriores y en defensa del interés social, puedan generarse con dichas autoridades en torno a la interpretación de las normas aplicables”.

– “La concepción de los tributos que las sociedades del grupo satisfacen en los países y territorios en los que operan como la principal aportación al sostenimiento de las cargas públicas y, por tanto, una de sus contribuciones a la sociedad”.

Y, en aplicación de estos principios el grupo asume, entre otras, las siguientes buenas prácticas tributarias:

– “No utilizar estructuras de carácter artificioso ajenas a las actividades propias de la Sociedad y con la única finalidad de reducir su carga tributaria ni, en particular, realizar transacciones con entidades vinculadas por motivaciones exclusivamente de erosión de las bases imponibles o de traslado de beneficios a territorios de baja tributación”.

– “Evitar las estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales aquellas destinadas a impedir el conocimiento por parte de las Administraciones Tributarias competentes del responsable final de las actividades o del titular último de los bienes o derechos implicados”.

– “No constituir ni adquirir sociedades residentes en paraísos fiscales, con la sola excepción de los supuestos en que viniera obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta en la que la sociedad residente en un paraíso fiscal sea parte de un grupo de sociedades objeto de adquisi-ción”.

– “Seguir las recomendaciones de los códigos de buenas prácticas tributarias que se implementen en los países en los que las sociedades del grupo desarrollan su actividad, tomando en conside-ración las necesidades y circunstancias específicas del grupo”.

De esta forma, Iberdrola, S.A. está adherida al Código de buenas prácticas tributarias, aprobado el 20 de julio de 2010 por el pleno del Foro de Grandes Empresas, constituido el 10 de julio de 2009 a instancia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El compromiso de Iberdrola relativo al cumplimiento, desarrollo e implementación del Código, se extenderá a cualesquiera otras buenas

prácticas tributarias que se deriven de las recomendaciones que se recojan en cada momento en él, aun cuando no estén expresamente recogidas en la Política fiscal corporativa.

El grupo Iberdrola no incluye entre sus sociedades participadas, controladas y activas ninguna residente en paraísos fiscales, según la legislación de referencia (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, y sus respectivas actualizaciones). Con la integración de Neoenergia en el grupo Iberdrola a finales de agosto de 2017, se participa indirectamente en la sociedad denominada Garter (sociedad inactiva residente en Islas Vírgenes Británicas), que se prevé liquidar en un futuro próximo.

Por otra parte, a pesar de que el estado de Delaware no tiene la consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa antes mencionada, por el interés que suscita, es conveniente indicar que diversas sociedades que forman parte del grupo Iberdrola fueron constituidas en dicho estado. De hecho, en Estados Unidos, es práctica habitual constituir sociedades en el estado de Delaware, debi-do al desarrollo de su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia. Esta combinación proporciona una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil.

Sin embargo, el domicilio fiscal de las sociedades (el que determina el sistema fiscal que les resulta aplicable, donde deben registrarse a tal efecto y pagar los impuestos) lo determina el lugar donde se encuentra centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las sociedades, independientemente de cuál sea el estado de constitución. Así, las sociedades del grupo Iberdro-la, tanto las constituidas en Delaware como en cualquier otro estado de Estados Unidos, tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los estados donde se encuentran los centros de actividad del Grupo fiscal consolidado del que forman parte, no siendo Delaware uno de ellos. En resumen, la constitución de sociedades del grupo Iberdrola obedece a criterios objetivos de negocio y no a estructuras de ingeniería fiscal.

Iberdrola se encuentra plenamente alineada con los principios y acciones propugnados por el “Plan BEPS” de la OCDE. Concretamente en lo que a Precios de Transferencia se refiere, indicar que el gru-po valora las operaciones vinculadas a precios de mercado, en línea con las Directrices de la OCDE en la materia. Por otro lado, todas las operaciones vinculadas existentes en el grupo se encuentran debidamente documentadas en los términos previstos en la normativa de los distintos países. Asimis-mo, el grupo está comprometido con la preparación y presentación en tiempo y forma del Informe país por país (country by country) en los términos previstos en la legislación de su matriz, España.

En el Informe país por país de 2016, presentado en 2017, se ha reportado la información relativa a las actividades desarrolladas por el grupo durante el año 2016, así como información sobre la totalidad de los tributos pagados y recaudados por las sociedades del grupo, en las diversas jurisdicciones fiscales en las que está presente.

Iberdrola fue evaluada en 2017 como la primera empresa del ranking de transparencia fiscal de compañías del Ibex 35 realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia, referida a la infor-mación del año 2016, como reconocimiento a sus buenas prácticas fiscales y su transparencia.

Los impuestos pagados se presentan en la siguiente tabla:

Contribución fiscal (millones €) 2017 2016³⁹

Iberdrola consolidado

Contribuciones propias 2.723 2.768

Contribuciones por pagos de terceros 4.388 4.360

Total 7.111 7.128

El 99 % de los impuestos pagados (contribución total) por el grupo se materializan en los cinco países más relevantes. La información detallada por área geográfica se encuentra en el Anexo 3 Información complementaria.

Ciberseguridad Enfoque de gestión

Con el fin de asegurar una adecuada protección de los activos físicos y de información del grupo, el Consejo de Administración de Iberdrola aprobó en abril de 2015 la Política de riesgos de ciberseguri-dad, que establece un marco global para el control y gestión de los riesgos de ciberseguridad aplica-ble a todas las sociedades del grupo. En particular, se refiere a los riesgos derivados de amenazas y vulnerabilidades de la información, los sistemas de información y de comunicaciones, instalaciones y de cualquier otro activo que forme parte de la ciber-infraestructura del grupo. Asimismo, establece las directrices de un modelo de gestión de la ciberseguridad común en todo el grupo, basado en la constitución de un Comité de Ciberseguridad y en el desarrollo de normas y estándares globales de aplicación en todos los negocios y funciones corporativas.

Desde el Comité de Ciberseguridad del grupo, en el que están representados todos los negocios y funciones corporativas, se impulsa y supervisa el despliegue en toda la organización de dicha norma-tiva y del plan estratégico de ciberseguridad, basado en el análisis y gestión de los riesgos, la aplica-ción de medidas técnicas y organizativas para una adecuada protecaplica-ción y resiliencia de los activos en función de su criticidad, la formación y concienciación de toda la plantilla, la ciberseguridad en la cadena de suministro y la gestión de amenazas e incidentes, incluyendo labores de vigilancia externa para la defensa de la marca y de los clientes de la compañía frente a posibles riesgos cibernéticos y fraudes por medio de ingeniería social.

Privacidad de la información personal de los Grupos de interés Enfoque de gestión

Para asegurar la privacidad de la información personal de los Grupos de interés del grupo, Iberdrola dispone de la Política de protección de datos de carácter personal, aprobada en 2015 por el Consejo de Administración de la compañía, y revisada por última vez el 20 de febrero de 2018 para adaptarla al nue-vo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Su finalidad es garantizar el derecho a la protección de datos de todas las personas físicas que se relacionan con las sociedades pertenecientes al grupo, asegurando el respeto del derecho al honor y a la intimidad en el tratamiento de los datos de carácter personal y, en particular, el establecimiento de los principios y pautas comunes de actuación que deben regir en el grupo en materia de protección de datos personales, garantizando el cumplimien-to de la legislación aplicable en esta materia en cumplimien-todos los países donde el grupo está presente.

En desarrollo de lo dispuesto en esta política, el Comité Global de Ciberseguridad y Protección de Datos aprobó el 20 de junio de 2017, el Marco Global para la protección de datos personales del grupo Iberdrola, que establece los criterios generales y el modelo de gobierno global en materia de protección de datos de carácter personal y define las responsabilidades en esta materia. Los Servicios Jurídicos y la Dirección de Seguridad Corporativa son los organismos de la compañía responsables de aplicar estos principios, con el soporte tecnológico de la Dirección de Sistemas para los tratamientos de los datos de carácter personal que realiza el grupo, así como de las áreas que hacen uso de los mismos.

Asimismo, el grupo Iberdrola ha nombrado un Delegado Global de Protección de Datos, que se apoyará en una red de Delegados de Protección de Datos en cada uno de los países en los que el grupo opera, para garantizar una adecuada supervisión del cumplimiento de la legislación vigente a nivel local y transnacional.