Reformas y acreditación de la universidad en Ecuador

Con el cambio de gobierno toma fuerza el debate de reforma a la Ley de Educación Superior. Las autoridades han presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto que pretende corregir algunas imperfecciones, por ejemplo, que las universidades alcancen el 60% de su planta docente con grado académico de Doctores para que sean consideradas instituciones de investigación. Por otra parte, también se pretende corregir el impacto de dejar por fuera de la universidad a más de 500 mil bachilleres y contrarrestar la inconformidad de los jóvenes que se han obligado a escoger una carrera profesional que no es afín a su vocación.

Con el fin de alcanzar apoyo a estas propuestas, el Secretario de Educación Superior ha incorporado en las mesas de diálogo a los Rectores de las Universidades públicas y privadas del país. Lo que se busca es una Ley de Educación Superior que sea resultado del consenso entre los actores universitarios: autoridades, docentes, estudiantes, servidores, organizaciones sociales, sectores productivos y representantes del Estado.

Las autoridades de educación superior han definido algunos principios para orientar el trabajo de reforma y, en este sentido, se busca una universidad comprometida con la sociedad, que reconozca la pluriculturalidad y diversidad, una universidad democrática promotora de la libertad de pensamiento, comprometida con la defensa de la naturaleza como fuente de vida y una universidad ligada al desarrollo nacional que apunta a formar líderes que trabajen para el país.

Por otra parte, se pretende lograr también una nueva forma de integración del Consejo de Educación Superior, con representación de autoridades, docentes, estudiantes y

servidores; una nueva integración del Consejo de Evaluación y Acreditación integrado por representantes de la Universidades y Escuelas Politécnicas y de la sociedad organizada.

Adicionalmente las reformas apuntan también a la recuperación del manejo económico, para lo cual se creará un fondo económico universitario y politécnico que será distribuido equitativamente entre las instituciones de educación superior.

Las reformas también buscan coherencia entre los principios fundamentales de la Constitución y la ley orgánica de Educación Superior sobre el tema de autonomía universitaria; la conformación de los organismos de gobierno como Consejos Universitarios y Politécnicos con participación de docentes, estudiantes y trabajadores; y la elección universal de autoridades con la participación de los mismos estamentos.

La reforma propone la recuperación de los derechos de los docentes. La ley actual plantea que solo los docentes con título de Doctores podrán acceder al nivel de profesor principal, para esto han sugerido que los docentes que hayan alcanzado el título de Doctores accedan automáticamente a la categoría de principal en el primer nivel y continuar su carrera docente.

La educación superior en Ecuador también registra esfuerzos por mejorar la calidad, sin embargo, en los últimos 10 años busca resolver la crisis caracterizada por el deterioro de las instituciones y su calidad.

La promulgación de la ley orgánica de educación superior en 2010 define las pautas generales de los nuevos arreglos institucionales para que se regule y asegure la calidad de la educación superior. El diseño institucional, en materia de educación superior, en las constituciones de 1998 y 2008, son relativamente diferentes, sin embargo, la promulgación

del régimen académico y el vínculo con el plan nacional de desarrollo genera diferencias significativas y se convierte en el eje de la planificación de la educación superior en el país.

La concepción del modelo de evaluación parte de una búsqueda del concepto de calidad en la educación superior en general y, en particular, de una definición de la calidad de la educación superior universitaria en el Ecuador. Para el efecto, habrá que empezar reconociendo que la calidad es un concepto difícil de definir en las ciencias sociales (Lagrosen, Seyyed-Hashemi, & Leitner, 2004); se ha sostenido incluso que la calidad de la educación es más bien un concepto vago y controversial en la investigación y discusión política (Cheong & Ming, 1997, 23), quizás, porque es definida de manera diferente según cada persona o sector de una manera subjetiva que depende de sus intereses (Bernhard, 2011, p. 47).

La evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas, tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el modelo de evaluación vigente (Toscanini Segale et al., 2016; Gómez et al., 2017; Granja, 2018).

El CEAACES ejecuta procesos de evaluación quinquenales con fin de acreditar a todas las universidades y escuelas politécnicas del Sistema de Educación Superior ecuatoriano y para determinar la categorización de las instituciones según lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.

En 2014 se implementó la primera evaluación con la normativa creada para el efecto. El resultado fue que se cerraron 14 universidades por falta de calidad y una categorización entre A, B, C y D (donde A representa la máxima calidad y D la menor) de los 54 restantes. A día

de hoy se encuentra en desarrollo el proceso de acreditación de carreras de grado (primer nivel de titulación universitaria), a nivel nacional.

De estas categorías, las categorías A, B y C, corresponden a instituciones que han aprobado satisfactoriamente la evaluación y han obtenido la acreditación con vigencia quinquenal, y la D corresponde a las que no han obtenido la acreditación. Algunas instituciones que se encuentran en este proceso o estarán en proceso de re-categorización, o en proceso de cierre.

Tabla 4.7 Número de Universidades por categorías

Fuente: La evaluación de la calidad de la universidad ecuatoriana. Informe de resultados de evaluación, acreditación y recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Las reformas legales a la ley de la educación superior implementadas en el año 2018, determinan que las universidades serán “acreditadas”, a diferencia de la anterior normativa en donde las universidades eran categorizadas.

La acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para certificar la calidad de las instituciones, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa (Lemaitre et al., 2012; Rodríguez-Ponce, Pedraja-Rejas, et al., 2011).

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Harvey & Green, 1993; Lemaître, 2005; Contreras & Uriguen, 2015).

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente (Martínez-Moscoso & Montesinos, 2012; Vergara, Suárez, &

Miranda, 2014; Fabela-Cárdenas & García-Treviño, 2014; Rodas & Blasco, 2014; Gómez et al., 2017).

El Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia se aplican a todos los organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador.

El Título Quinto de la LOES (2010) aborda la calidad de la educación y, a partir de este, el Artículo 95 dispone la creación del CEAACES; y, la reforma del año 2018 publicada el 2 de agosto, crea el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) a través de la reforma del artículo 94 de la LOES (2018).

Con este organismo se pretende generar las condiciones necesarias para que exista un sistema de educación superior depurado y en constante aumento de la calidad. Este organismo se encarga, además, de las evaluaciones institucionales y de las evaluaciones del personal académico e investigador.

4.4. Síntesis del capítulo

Los principios normativos de educación superior en Ecuador, desarrollados e implementados, fortalecieron la institucionalidad, expresada en la igualdad de oportunidades, la calidad, la pertinencia, autodeterminación, integralidad y autonomía como referente de calidad.

La nueva normativa sobre universidad pretende asegurar el libre ingreso de todos los ciudadanos. La oferta académica está alineada a las necesidades sociales del Estado Ecuatoriano, base a la cual las instituciones de educación superior definen su planificación estratégica. En este sentido, la universidad ha intentado responder con integralidad a las necesidades de los ecuatorianos y, en clave de autonomía, construir el referente de calidad y excelencia.

El mandato 14 significó una gran oportunidad para el cambio y una gran limitación para las instituciones que operan en base a la inercia propia de sus procesos. El objetivo del nuevo diseño institucional es lograr respuestas integrales para la convivencia social.

Las reformas que siguen presentes se reflejan en la reforma a la ley orgánica de educación superior, expresado en el nuevo marco normativo del 2018, y las nuevas orientaciones para la evaluación y acreditación de instituciones y carreras.