Planteamiento de la cuestión

¿La constitución garantiza los derechos humanos de la población del país?

¿Las autoridades públicas obran con arreglo a la constitución? Estas son dos de las preguntas más frecuentes al evaluar la situación general de un país y reflejan la importancia central que la constitución tiene en la vida de las personas y los Estados.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos se basa en una estructura jerárquica de normas cuya cima corresponde a la constitución. Toda ley o disposición normativa de un Estado debe ser compatible con la constitución.

Si una ley u otra norma aprobada por un Estado es contraria a la constitución, esta debe ser declarada nula y sin efecto por el órgano judicial competente.

Los derechos humanos son centrales en el orden constitucional de los Estados modernos, puesto que no solo determinan las relaciones entre las personas, los grupos y los Estados, sino que son transversales a las estructuras del Estado y los procesos de control y toma de decisiones. Por ello, la declaración de derechos constituye una parte integrante de las constituciones modernas.

Al mismo tiempo, la inefectividad de los derechos humanos en el plano nacional, sean estos individuales o, en su caso, colectivos, suele obedecer a deficiencias en la esfera del derecho constitucional.

El vínculo entre los derechos humanos y el orden constitucional democrático comienza con el proceso que conduce a la aprobación de una constitución o una reforma constitucional. Este proceso entrañará resultados positivos y duraderos si cuenta con una participación amplia de todos los sectores de la sociedad, si estos pueden expresar sus opiniones libremente y comunicarse entre sí sin impedimentos por parte de las autoridades, y si sus opiniones son tenidas en cuenta en un marco de procedimientos claros, siempre que los responsables de supervisar el proceso sean justos e imparciales¹. Estas condiciones solo pueden darse si se cumplen las normas de libertad de expresión, en particular el derecho de las personas a manifestar sus opiniones, la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de asociación y de reunión.

Actuar con arreglo a la constitución significa hacerlo de conformidad con las libertades fundamentales y los derechos humanos, de una manera justa

1 Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996).

y equitativa. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas de todo acto incompatible con la constitución. Esta es una concepción básica según la cual la constitución se percibe como una vara para medir los actos u omisiones de las autoridades públicas y como una garantía definitiva de los derechos y las libertades fundamentales de las personas y los grupos.

La constitución se ve como la más alta garantía jurídica del bienestar y los intereses de las personas, así como una herramienta fundamental para configurar la vida en sociedad y organizar el Estado.

Al ser la ley de mayor rango de un país, la constitución ocupa un lugar central en la vida política y social del país y define la relación entre el Estado y la sociedad, así como entre las diferentes funciones del Estado. En etapas turbulentas, la constitución debe garantizar un cierto nivel de estabilidad política y social. Particularmente en las situaciones posteriores a un conflicto, la constitución suele servir como una suerte de plan de paz que, mediante instituciones democráticas y la protección de derechos, debería ayudar a evitar que se produjeran nuevas tensiones y conflictos. En tiempos de transformación democrática, la constitución es una herramienta para introducir cambios en la vida política y social.

La política actual de las Naciones Unidas sobre las reformas constitucionales reconoce plenamente estos vínculos mutuos y complejos. En la nota orientativa del Secretario General sobre la asistencia de las Naciones Unidas en los procesos constituyentes, se señala lo siguiente:

Los procesos constituyentes son un aspecto central de las transiciones democráticas, la consolidación de la paz y la construcción de un Estado.

Para las Naciones Unidas, un proceso constituyente es un concepto amplio que puede referirse al proceso de redacción y el fondo de una nueva constitución, así como a las reformas de una constitución vigente.

Tanto el proceso como el fondo son decisivos para el éxito de un proceso constituyente. La formulación de una constitución y su proceso de elaboración pueden desempeñar un papel importante en las transiciones políticas pacíficas y la consolidación de la paz después de los conflictos.

También pueden cumplir un decisivo papel de prevención. Los procesos constituyentes presentan momentos de gran oportunidad para crear una visión común del futuro de un Estado, y sus resultados pueden tener efectos profundos y duraderos sobre la paz y la estabilidad².

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Según la nota orientativa del Secretario General sobre los procesos constituyentes, las Naciones Unidas deben desarrollar capacidades para apoyar los procesos constituyentes cuando lo soliciten las autoridades nacionales y de transición, proporcionando los conocimientos técnicos y los recursos apropiados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha sido designada como parte de este proceso. Esta publicación ha sido concebida y elaborada específicamente en cooperación con los organismos y los programas de las Naciones Unidas y otros asociados para que el personal de las Naciones Unidas y otros agentes nacionales e internacionales, en particular sobre el terreno, dispongan de una herramienta para prestar una asistencia eficaz en los procesos de reforma constitucional. La presente contribución responde a la observación formulada en la nota orientativa sobre los procesos constituyentes, según la cual la asistencia internacional sobre cuestiones jurídicas y de derechos humanos puede incluir:

Asesoramiento sobre los requisitos de los tratados internacionales de derechos humanos y sus respectivos órganos de tratados, y otras obligaciones internacionales del Estado (por ejemplo, declaraciones de derechos, disposiciones sobre la independencia judicial, el efecto nacional de los tratados internacionales, normas sobre la adquisición y la pérdida de la nacionalidad, constitucionalización de las instituciones nacionales de derechos humanos), incluidas las que se aplican a los nuevos Estados³.

Las reformas constitucionales por lo general se entienden como cambios en la legislación y la práctica constitucional vigente. Son necesarias cuando los parámetros en los que se basa la vida de la sociedad son inadecuados y suponen un lastre para el funcionamiento eficaz del Estado, o cuando es necesario resolver un conflicto o restaurar estructuras del Estado que se han

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REFORMAS CONSTITUCIONALES

Proceso constituyente: proceso mediante el cual se redacta y se aprueba una nueva constitución.

Revisión constitucional: proceso de examinar y modificar a fondo la constitución, lo cual puede producir, en gran medida, un nuevo texto de la constitución.

Reformas constitucionales: modificar disposiciones puntuales de una constitución, o bien añadirlas a una constitución vigente o eliminarlas de esta (las reformas pueden ser accesorias o de carácter más general).

desmoronado como resultado de un conflicto interno o una agresión. Así pues, las reformas de la legislación constitucional pueden producirse en diferentes contextos: durante la transición de un régimen autocrático a uno democrático;

después de un conflicto, cuando se adopta una nueva constitución para instaurar la democracia y construir una paz sostenible; o, en las democracias consolidadas, para impulsar reformas y promover la justicia social.

El fin último de las reformas constitucionales es reconfigurar el ordenamiento del Estado mediante el establecimiento o la modificación de la constitución y sus leyes conexas, como las leyes sobre las instituciones fundamentales del Estado, los derechos humanos y las libertades fundamentales y la legislación electoral. Estas reformas pueden dar buenos resultados si son transparentes e inclusivas, incorporan los elementos esenciales de la democracia y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por consiguiente, en todas las situaciones prácticas, es preciso hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de reformas constitucionales se prevé establecer? ¿Cuál es el objetivo final de esas reformas? Se sabe que la legislación constitucional es un poderoso instrumento; sin embargo, la manera en que se utiliza y el tipo de fines con que se supone que debe elaborarse siguen siendo preguntas esenciales. Esta guía se centra en las reformas constitucionales destinadas a fortalecer un Estado democrático constitucional moderno. A continuación, se exponen algunas características básicas de estos Estados.