LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO ESPACIOS DE CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN

Se ha asumido que la conservación de un territorio es uno de los medios más eficaces para reducir la pérdida de biodiversidad global (Eken et al., 2004) y las Áreas Protegidas (AP) se han convertido en el medio favorito para implementar la conservación (Rodrigues et al., 2004). La importancia de las AP se reconoce en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992) y se basa en las diversas funciones que desempeñan en la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y servicios ambientales (Carey et al., 2000) y contribuyen a las economías locales y regionales mediante la investigación científica, las actividades educativas y el ecoturismo entre otras. En muchos países, las AP también son refugios para un número significativo de pueblos indígenas, siendo los únicos ambientes en los que sus estilos de vida tradicionales pueden continuar (Toledo, 2001; West y Brockington, 2006).

Por estas razones, las AP han sido la principal herramienta para conservar la biodiversidad, mantener la integridad de los hábitats, promover la sostenibilidad a largo plazo y aumentar la conciencia pública sobre los beneficios ecológicos y socioeconómicos del capital natural y los servicios ecosistémicos (Rodrigues et al., 2004 Butchart et al., 208; Abell et al., 2010; Geldmann et al., 2013; Kettunen y Ten Brink, 2013; Reid et al., 2013; Stolton et al., 2015), con una cobertura de más del 12.7% de la superficie terrestre del planeta (Kemsey et al., 2012).

Sin embargo, hay un debate sobre hasta qué punto las AP generan resultados de conservación en términos reales de protección para hábitats y especies (Brooks et al., 2006, Ferraro y Simpson, 2002) ya que la designación de un AP no significa necesariamente que esté protegida (O'Riordan, 2002). Se ha sugerido que muchas de las AP del mundo existen solo como "parques de papel" (Stolton, 1999); es decir, áreas declaradas protegidas por un gobierno, pero que nunca se implementaron completamente (Dudley et al., 1999; Carey et al., 2000) y que no poseen una capacidad de gestión efectiva a nivel institucional, escasez de recursos, falta de voluntad política y mala planificación (Dudley et al., 1999). Esto trae como consecuencia una ausencia de conservación efectiva (Joppa et al., 2008) que se acentúa en muchos casos por la exigua consideración de los derechos humanos de los pueblos locales y la imposición del gobierno a los habitantes (Haenn, 1999; Chapin, 2004).

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Durante las últimas décadas, se ha dado un aumento significativo en las áreas protegidas, tanto en número como en cobertura; a pesar de eso, la red mundial no llega a cubrir el 20% de las áreas de importancia para conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Deguignet et al., 2014; Joppa et al. 2016,), y no contribuye de manera suficiente a la representatividad de dichas áreas (Skidmore, 2011; Rodrigues et al., 2004;

Tantipisanuh et al., 2016).

Frecuentemente, se considera a las AP como la única estrategia para la Conservación. Sin embargo, en la realidad su establecimiento obedece a varias razones, con objetivos y criterios de éxito muy diferentes. El objetivo de la existencia de las AP ha sido principalmente la conservación de los ecosistemas y sus especies constitutivas (Dudley, 2008), la protección de especies amenazadas específicas (Liu et al., 2001), los servicios ecosistémicos (Campos y Nepstad, 2006), o por razones culturales y sociales (Coad et al., 2008).

La eficacia de las AP en la protección de la biodiversidad se mantiene como un asunto de investigación activa, éstas se han convertido en una "manera de pensar sobre el mundo, una manera de ver el mundo y de actuar sobre el mundo" (West y Brockington, 2006) y como tales, han sido criticados por ser demasiado simplistas y occidentales (Berkes, 2004).

Para poder sostener la Conservación, es indispensable para los legisladores, gerentes y gestores, comprender las condiciones bajo las cuales las AP brindan beneficios de subsistencia para hábitats y especies. (Kleiman et al., 2000; Margules y Pressey, 2000;

Brooks et al., 2004). Razones como estas descritas en varios estudios realizados durante los últimos años, hacen que en este momento de la historia sea necesario el uso de diferentes enfoques para afrontar la problemática compleja surgida del aumento de la presión sobre los ecosistemas naturales, ocasionada por su mal manejo y explotación en conjunto con el crecimiento poblacional mundial, que en la actualidad pone en riesgo la calidad del hábitat global por el agotamiento de los recursos.

En 1980 en la Estrategia de Mundial de Conservación de la UICN surge el paradigma de la sostenibilidad a partir de estos problemas mundiales y se acuñó el término, cuya

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definición fue aprobada por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1988 y que indica: la sostenibilidad es la gestión de la conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e institucionales para asegurar la satisfacción continua de las necesidades humanas para el presente y las generaciones futuras (Ceña, 1999; Gallardo et al., 1999).

El paradigma sostenible incluye el enfoque sistémico, otro paradigma reciente y fundamental en las ciencias ambientales (Golley and Bellot, 1999; Grossman and Bellot, 1999). La sostenibilidad es la capacidad de la tierra para mantener y soportar la vida y para persistir como un sistema (Jongman, 2002). El concepto de sostenibilidad es discutible para los sistemas de la escala global a la escala local, y ha pasado mucho tiempo sin que se aplique y se adapte a esas diferentes escalas y a las realidades locales, lo que pone en riesgo ya no solo la calidad del hábitat, sino la supervivencia misma.

Es importante que se reconozcan cada vez más los principios claves de la sostenibilidad en las acciones estratégicas y cotidianas en varias escalas, como la necesidad de lograr un equilibrio entre el desarrollo clásico y la naturaleza y la responsabilidad de las presentes generaciones con las futuras, así como los valores sociales que han surgido y se integren en los métodos de planficación y legislación. A nivel académico, se ha reflexionado bastante sobre la importancia de las necesidades como una motivación principal para el bienestar humano, la acción y el desarrollo (Jolibert et al., 2011).

En la actualidad, las Reservas de la Biosfera son el principal medio de implementación del programa MAB de la UNESCO como respuesta al desafío del Desarrollo Sostenible y se han constituido en espacios en donde se pretende poner en práctica sus principios, aquellos que consisten en conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la educación (UNESCO,2018);

constituyen “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, son zonas que se han designado especialmente para evaluar enfoques interdisciplinarios que permitan comprender y gestionar los cambios y las interacciones que tienen los sistemas sociales y ecológicos, incluyendo la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad (UNESCO, 2018).

Una diversidad de hábitats y ecosistemas marinos o terrestres del planeta está representada en las Reservas de Biosfera, estas áreas se caracterizan por ser sitios que no

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son exclusivamente protegidos (como los parques nacionales y otras áreas de conservación estricta) sino que pueden admitir la presencia de comunidades humanas, que viven de actividades económicas sustentables que no supongan peligro para el valor ecológico del sitio (ABMC, 2015). De esta manera, se combinan los objetivos de conservación con los de desarrollo sostenible, incorporando a su funcionamiento el papel del ser humano en el hábitat.

Las Reservas de la Biosfera cumplen tres funciones complementarias en su concepto de Desarrollo Sostenible que son:

1) la de Conservación que está destinada a la protección de los recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes.

2) la función de Desarrollo que busca promover un crecimiento económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico, y en este contexto, es posible la ejecución de diversas actividades productivas, que deberán estar sujetas a las normas nacionales vigentes, a fin de asegurar y fortalecer los tres pilares del desarrollo sostenible: social, económico y protección del medio ambiente.

3) la función de Apoyo Logístico que tiene como finalidad promover actividades de investigación, educación ambiental, capacitación y monitoreo, relacionadas con temas locales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible (UNESCO, 2017).

Mantener los ecosistemas y sus procesos debe ser una prioridad absoluta de conservación;

los esfuerzos de conservación desde los Estados han apostado tradicionalmente por la creación de áreas naturales protegidas en sus diferentes categorías. En la mayoría de los casos, esta medida no ha sido suficiente, ya que no se ha logrado plenamente el objetivo de la conservación de los ecosistemas lo que evidencia la necesidad de pensar, asumir e implementar otras formas de hacer conservación In Situ, incluyendo las áreas no sujetas a protección oficial (Bruner et al 2001; Scott et al., 2001; Rodrigues et al., 2004, Chape et al., 2005).