Los modelos de conservación

De acuerdo a Callicott et al. (1999) existen dos escuelas de filosofía de la conservación dependiendo su aproximación a la ecología y al lugar del ser humano en la naturaleza. La primera escuela, composicionalismo, concibe a la naturaleza básicamente mediante la ecología evolutiva y considera al ser humano separado de la naturaleza, teniendo un acercamiento biológico a la ecología. La segunda escuela, funcionalismo, concibe a la naturaleza mediante la ecología de ecosistemas y considera al Homo sapiens como parte de la naturaleza teniendo un acercamiento termodinámico a la ecología. Es a partir de estos enfoques que podemos diferenciar claramente dos modelos desarrollados en el establecimiento y gestión de las ANP, uno centrado en la naturaleza y sus componentes biológicos excluyendo al ser humano de este entorno y el otro en el que se considera al ser humano como parte importante y necesaria para la conservación de la naturaleza.

Con el establecimiento del primer PN en Estados Unidos se implanta un modelo de conservación de la biodiversidad basado en la priorización de la naturaleza sobre el ser humano. Este enfoque llamado “Proteccionista”, “Parquista”, “Excluyente”, “De fortaleza” (Brockington, 2002; Wilshusen et al., 2002; Solano, 2005; Lele et al., 2010), argumenta que la protección de la diversidad biológica depende del establecimiento de áreas naturales protegidas que prohíben la residencia de humanos y se establece la estricta regulación de las actividades dentro de estas (Hayes, 2006). Este modelo, aún vigente, primó hasta antes de la década de los 80s y la mayoría de parques que se establecieron hasta esa época siguieron sus pautas (Ghimire y Pimbert, 1997).

El segundo modelo, comenzó a conceptualizarse a finales de los 70s, cuando muchos de los conservacionistas reconocieron los costos sociales de las áreas naturales protegidas sobre las poblaciones locales (Hayes, 2006). Se argumentó que excluir a las personas que viven dentro o alrededor de las ANP del uso de los recursos, sin ofrecerles alternativas, es políticamente inviable y éticamente injustificable (Wells, 1992). De esta forma, se comenzó a promover cambios en el modelo proteccionista para pasar a un enfoque más centrado en las personas. Es decir se pasó de un modelo estatal con políticas totalmente “arriba – abajo” (top-down) a diversas formas de gestión que buscaban la colaboración con las poblaciones locales, acuerdos de asociación, delegación de autoridad y la gestión comunitaria (Lockwood, 2010).

Figura 1 Discursos en modelos de conservación a través de Áreas Naturales Protegidas Fuente: elaboración propia a partir de Callicott et al., 1999; Wunder, 2006; Springer, 2009; Lele et al., 2010

•Población excluida del manejo (amenaza) •Limitación o prohibición de actividades o áreas •Desplazamiento de la población

19802000Tiempo Incentivos económicos población

- +

1990….

D is cu rs os en mod el os d e c on ser va ci ón a tr av és d e A N P

•Población debe recibir en forma directa los beneficios que genera el ANP •Sigue tendencia de pagos por servicios ambientales •Pagos directos por la conservación (REDD+)

Incentivos inexistentesIncentivos indirectosIncentivos directos PICD:Proyectosintegralesdeconservaciónydesarrollo.CBC:Conservaciónbasadaenlacomunidad.CBE:Conservaciónbasadaenempresas. REDD+:Reduccióndelasemisionesdela deforestaciónydegradaciónyaapoyarlaconservacióndelasreservasexistentesdecarbonodelos bosques,lagestiónsostenibledelbosque,yelaumentodelasreservasdecarbonodelosbosquesenpaísesendesarrollo.

Estos modelos llamados conservación participativa o comanejo ganaron mucha popularidad entre los 80s y los 90s y dentro de este marco se implementaron proyectos que vincularon la conservación de la diversidad biológica en el ANP con el desarrollo socio económico local como una medida para reducir la presión de los habitantes sobre los recursos naturales. Es decir, se buscó generar apoyo hacia la conservación entre los habitantes de las comunidades adyacentes a las ANP a través de la dación de beneficios para compensar los costos de la conservación (Udaya, 2003). Estos proyectos han sido promovidos por varias agencias internacionales de conservación en muchas regiones en vías de desarrollo (Fisher, 2003; Jeanrenaud, 2002; Mukul et al., 2012). Si bien, estos proyectos incluyen una amplia gama de iniciativas, todos ellos pueden ser agrupados bajo el título de Proyectos Integrales de Conservación y Desarrollo – PICD (Wells, 1992).

En las últimas décadas, se está optando por implementar un sistema de incentivos económicos directos hacia los pobladores puesto que las experiencias de conservación comunitaria a través de los PICD y los programas de manejo comunitario de recursos naturales no han tenido los resultados esperados y además como resultado de un resurgimiento del debate entre los enfoques proteccionista y basado en la comunidad (Brandon et al., 1998; Oates, 1999; Terborgh, 1999; Brechin et al., 2002;

Wilshusen et al., 2002; Ferraro, 2002; Brown, 2003). Este esquema de conservación basada en pagos directos es considerado por algunos investigadores como económicamente más eficiente (Ferraro y Kiss, 2002; Pechacek et al., 2013) y se sostiene en una retribución económica por el desempeño que realiza el poblador local en la conservación de la biodiversidad (i.e. pagos por éxitos en crías de aves o cuidado de lugares de reproducción de animales, etc.). Ferraro y Kiss (2002) afirman que los pagos directos benefician a los pobladores locales mediante la mejora de los flujos de efectivo y diversificando las fuentes de ingreso en sus hogares, además de la capacidad de poder decidir la mejor manera de satisfacer sus propias metas y aspiraciones en lugar de que les subsidien por llevar a cabo ciertas actividades predeterminadas como es el caso del enfoque de pagos indirectos realizados por los PICD. Este modelo es considerado como parte de la gran tendencia en apoyo de los pagos por los servicios ambientales (PSA) incluyendo los servicios hídricos y secuestro de carbono (Lele et al., 2010). No obstante, a pesar de las ventajas comentadas, los proyectos desarrollados bajo este modelo podrían incentivar relaciones de poder desiguales en el acceso a la riqueza y los recursos ambientales de una localidad (Kosoy y Corbera, 2010) y cuando no se reconoce la existencia de derechos de propiedad informales o consuetudinarias sobre los recursos forestales, pueden inducir a conflictos sociales y generar confrontación directa entre los habitantes rurales y los directores de proyectos (Corbera et al., 2007).

Independientemente del modelo de gestión que se utilice, las ANP se han convertido a nivel mundial en el principal instrumento de política para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad (Leverington et al., 2010; Ruíz-Mallén et al., 2013) y actualmente cubren aproximadamente 17 millones de km² (incluyendo aguas continentales) o el 12.7% de la superficie terrestre excluyendo la Antártica (Bertzky et al., 2012). A continuación se desarrolla el origen e implementación de las ANP a nivel mundial y se detalla los sistemas de ANP de Cataluña, España y Perú.