Período privatista o liberal

La crisis económica que experimentó el Perú en la segunda mitad de la década de 1970 vinculada al mercado mundial del petróleo y las movilizaciones sociales desarrolladas entre 1977 y 1978 precipitaron una transición concertada que supuso la convocatoria a una asamblea constituyente en 1978 y a elecciones generales en 1980, resultando ganador Fernando Belaúnde, el presidente derrocado doce años atrás. Una vez en el poder, Belaúnde promovió la aprobación de una ley que posibilitaría la devolución de los diarios a sus antiguos propietarios y dispuso un conjunto de medidas compensatorias frente al perjuicio económico experimentado por aquellos (Gargurevich, 1991; Acevedo, 2016).

Así, mediante la Ley No. 23226 promulgada en noviembre de 1980, se dejó sin efecto el proceso de expropiación de los diarios, el mismo que ya había quedado detenido en pleno gobierno militar, durante la llamada segunda fase presidida por el general Francisco Morales Bermúdez. En virtud de las facultades delegadas por el congreso, el gobierno de Acción Popular promulgó un conjunto de decretos legislativos con “fórmulas indemnizatorias” para los principales empresarios de la prensa de circulación nacional (Gargurevich, 1991: 231). Las familias propietarias de los diarios con mayor circulación en el país: El Comercio (Miró Quesada), Expreso y Extra (Ulloa), Correo y Ojo (Agois-Banchero), tuvieron la oportunidad para fortalecer sus empresas y afrontar los retos propios del fin de siglo.

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En términos de política económica general, el segundo gobierno de Belaúnde se caracterizó por una apertura moderada al mercado internacional y por un proceso de desmontaje de las reformas estatistas impulsadas por el gobierno del general Juan Velasco.

Sin embargo, la transición democrática supuso también la posibilidad de que la actividad partidaria resurjiera y que las principales fuerzas políticas del país reflejasen sus visiones y propuestas a través de diarios de circulación nacional.

El Diario Marka, fundado en 1980, fue el principal periódico de izquierda durante la década. Diversos partidos de inspiración socialista crearon la Empresa Editora El Trabajo, entre los que destacan la Unidad Democrática Popular (que tenía casi el 50% de las acciones, Vanguardia Revolucionaria, Trinchera Roja, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Socialista Revolucionario (Gargurevich, 1991: 234). Sin embargo, diversos conflictos internos relacionados con la propiedad de la empresa y la acumulación del capital, así como con la conducción editorial del periódico generaron las condiciones para su desaparición, a principios del año 1986³⁰.

También a principios de la década, específicamente en 1981, fue fundado el diario La República por el periodista Guillermo Thorndike con apoyo del empresario de filiación socialista Gustavo Mohme Llona. Circuló inicialmente como un vespertino serio, pero al poco tiempo se convirtió en matutino e inició campañas periodísticas abordando una serie de temas desde una perspectiva sensacionalista (Gargurevich, 1991). La República puede ser caracterizado, en términos generales, como un diario de izquierda liberal, aunque no estuvo ni está orgánicamente vinculado a partidos políticos como el Diario Marka.

Finalmente, en cuanto a diarios de izquierda se refiere, en el año 1986 en periodista Efraín Ruiz Caro fundó el diario La Voz, un periódico de izquierda pero independiente de los partidos. Así, “en el terreno político periodístico La Voz asumió el liderazgo de la

30 Extinguido el Diario Marka, surgió el Nuevo Diario, vocero oficioso del grupo subersivo Sendero Luminoso (Gargurevich, 1991).

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oposición de izquierda y se enfrentó a decisiones del gobierno que afectaban intereses generales”. (Gargurevich 1991:259). La Voz tuvo un primer año bastante auspicioso, pero al poco tiempo el primer gobierno de Alan García (APRA) tomó represalias debido a la posición crítica del periódico, suprimiendo y en algunos casos no pagando la publicidad institucional (Gargurevich, 1991).

En la década de 1990, producto de las reformas económicas de carácter neoliberal implementadas por el exresidente Alberto Fujimori, el Estado redujo drásticamente su participación en la economía debido a la privatización de empresas públicas y a la flexibilización y apertura de los mercados a la inversión privada, tanto nacional como extranjera (Durand, 2003; 2005).

Adicionalmente, se crearon organismos reguladores encargados de hacer que los mercados funcionen de manera eficiente y en un contexto de libre competencia, pero no se aprobó una norma general antimonopolios y oligopolios, salvo en el caso de la provisión del servicio de energía eléctrica, ni una regulación que permita el control ex ante de fusiones y/o adquisiciones. Se generaron entonces condiciones para que se acelerasen los procesos de concentración en diversos sectores de la economía y específicamente en el campo de los medios e industrias culturales en el país.

Es en este contexto que se produce la conformación del grupo El Comercio (Ecomedia), con la fusión de las empresas de las familias Miró Quesada – García Miró en el año 1996.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras y Ojo Público (2016), “la compañía que originó al grupo nació bajo el nombre de Infobanco-Servicios Teleinformativos en 1991 y cambió a Empresa Editora El Comercio S.A. en 1996. Sin embargo, su poder empresarial y de influencia en la opinión pública creció con fuerza en la última década, casi al mismo tiempo que ingresó en el mercado de la televisión con la compra de la Compañía Peruana de Radiodifusión (América Televisión o Canal 4)”³¹.

31 Tomado de:

https://peru.mom- rsf.org/es/propietarios/companias/detalles/company/company/show/grupo-el-comercio-hoy-vigenta-inversiones-sa/ (Consulta: 10 de junio de 2018).

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Fujimori fue elegido democráticamente en 1990, y perpetró un golpe cívico militar en 1992 que implicó el cierre de las cámaras de diputados y senadores y la intervención del sistema de justicia. A los pocos meses del golpe y frente a la presión internacional, se vio obligado a convocar a un Congreso cuya misión principal era preparar una nueva Constitución para legitimar su gobierno.

En virtud de ello, fue reelegido presidente en 1995 y hacia la mitad de su segundo mandato puso en marcha el plan para lograr su segunda reelección presidencial, el mismo que tuvo como un hito importante la aprobación de una ley de “Interpretación auténtica”³² del texto Constitucional de 1993 que prohibía la reelección inmediata. Dado que Fujimori fue elegido en 1990 y en 1995, su postulación para un tercer período fue considerada ilegal por juristas, políticos y algunos líderes de opinión críticos a su proyecto de continuidad en el poder. A los pocos días de la promulgación de la norma, el Colegio de Abogados de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, la misma que fue admitida y dio origen a una resolución que declaró la inaplicabilidad de la ley (Acevedo, 2016).

Se iniciaron entonces una presión política e investigación congresal que finalizó con la destitución, por parte del Congreso dominado por el fujimorismo, en mayo de 1997, de los tres miembros que votaron en favor de la inaplicabilidad. Allanado el camino legal, el proyecto de reelección implicó también el despliegue de los recursos del Estado en favor del presidente candidato, el control de los organismos encargados del proceso electoral, así como el establecimiento (o profundización) de relaciones de corrupción con diversos propietarios de medios de comunicación, principalmente canales de televisión, diarios y radioemisoras (Acevedo, 2016).

La estrategia mediática tuvo tres propósitos: enmarcar favorablemente a Fujimori y su gobierno, mellar severamente la imagen de sus rivales políticos a través de campañas de demolición y, de manera coyuntural, implicó la construcción de hechos noticiosos de escasa relevancia social y política, pero que se convirtieron en poderosos distractores de la opinión pública. Para ello, a través del exasesor Vladimiro Montesinos, el gobierno pagó millones de dólares a diversos empresarios de medios de comunicación y les brindó también, en algunos casos, favores judiciales y/o administrativos en virtud del control que

32 Se trató de la Ley No. 26657, aprobada por el Congreso a propuesta de congresistas de la mayoría oficialista (Nueva Mayoría-Cambio 90) y promulgada por Fujimori el 23 de agosto de 1996.

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el régimen ejerció sobre diversas instituciones públicas. Así mismo, manejó discrecionalmente el gasto publicitario del Estado(Acevedo, 2016).