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El 24demarzo: genealogía de una "holofrase"
GARIBIAN, Sévane
GARIBIAN, Sévane. El 24demarzo: genealogía de una "holofrase". Territorios Clinicos de la Memoria , 2020, no. Mar 29
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http://archive-ouverte.unige.ch/unige:151855
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El 24demarzo: genealogía de una
“holofrase”*
Sévane Garibian**
La Ley n° 25.633 de la Nación, en virtud de la cual se instituyó en la Argentina el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, fue promulgada en agosto de 2002. El artículo 1 establece esa fecha como día de conmemoración de las “víctimas del
proceso” iniciado el 24 de marzo de 1976[1], y el artículo 2 resuelve inscribirla en los calendarios escolares, con miras a consolidar “la memoria colectiva de la sociedad”, generar “sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo” y propiciar “la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”. En el mismo sentido, el artículo 3 habilita al poder ejecutivo a llevar a cabo actividades específicas en los diversos ámbitos de su
competencia, a título complementario de las actividades educativas previstas en el artículo 2.
Esta ley de 2002 oficializa la conmemoración de las víctimas de la dictadura militar instaurada por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que provocó decenas de miles de
desapariciones forzadas en siete años: una cifra estimada en 30.000. El significado de la fecha altamente simbólica del 24 de marzo, así como su materialización en el espacio público
argentino y las movilizaciones implicadas, varían a través de las coyunturas políticas, jurídicas y sociales[2]. En cuatro décadas, esa fecha se convertirá en lo que la psicoanalista Fabiana Rousseaux designa como el “24demarzo”: una “holofrase”, haciendo eco al concepto empleado por Lacan que postula la continuidad entre lo simbólico y lo real del cuerpo (social). Un
“significante por sí mismo”, más allá de los múltiples significados estampados en esa “cifra referencial atemporal”, que fija, solidificándolas, las herencias de la violencia de Estado[3].
El 24 de marzo de 1977 marca el primer año de la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, punto de partida de las celebraciones decididas por las autoridades gubernamentales, militares y eclesiásticas. Esas conmemoraciones de la toma de poder, bajo control total del Estado (desfiles militares y misas) no dejan ningún resquicio para los oponentes, como lo testimonia el célebre caso de Rodolfo Walsh. Escritor comprometido, fundador del periodismo de investigación en Argentina, Walsh impulsó la difusión en esa misma fecha de una carta abierta en la que denunciaba las atrocidades del régimen: la Carta abierta de un escritor a
la Junta Militar, que Gabriel García Márquez calificará de “obra maestra del periodismo”[4]. El texto concluirá con estas palabras: “Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”. Fue asesinado al día siguiente. Sus restos nunca fueron encontrados hasta hoy. Poco tiempo después se crearon las dos asociaciones faros de la Plaza de Mayo: la asociación de las Madres (30 de abril) y la de las Abuelas (22 de octubre). La primera reclama “la aparición con vida” de los desaparecidos; la segunda, la búsqueda y la recuperación de la identidad de los nietos “apropiados” de la dictadura. Estas asociaciones contribuyen a completar el trabajo emprendido en diciembre de 1976, por la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas. A ello sigue en 1979 la creación del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización no gubernamental que desempeña desde entonces un papel decisivo en la promoción y defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en el país.
El 24 de marzo de 1981 las Madres interponen la primera denuncia oficial a raíz de la publicación del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el plan criminal en curso en la Argentina[5], y el impacto de sus “Marchas de la Resistencia” en la vida política argentina.
Las protestas aumentan mientras que la Guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) debilita el poder del gobierno, haciendo que el sexto aniversario del golpe de Estado pase a segundo plano. Las séptimas celebraciones se desarrollan en medio de la preparación por los militares de la adopción urgente de una ley de autoamnistía, en nombre de la “pacificación del país” y de la
“reconciliación nacional”, poco antes de la caída de la dictadura. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume como presidente elegido libremente en la transición política. De inmediato (el 15 de diciembre), Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar las denuncias sobre desapariciones forzadas y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Una semana más tarde, el Parlamento anula la ley de autoamnistía de los militares.
La primera conmemoración de las víctimas se realiza el 22 de marzo de 1984, para coincidir con la “Marcha” ritual de los jueves por parte de las Madres de la Plaza de Mayo. El 24 de marzo se convierte luego en fecha de conmemoración nacional, inspirada por un espíritu opuesto al de los aniversarios iniciados por el régimen de los generales.
El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP presenta al Presidente su informe final, que se publicará en noviembre con el título Nunca Más. Al mismo tiempo, se despliega el “show del horror”: el espectáculo macabro de las primeras exhumaciones de NN ampliamente difundido por la prensa, en paralelo con la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El conjunto prepara la apertura, el 22 de abril de 1985 en Buenos Aires, del proceso histórico de enjuiciamiento de los principales actores de la dictadura, menos de un mes después de las conmemoraciones del 24 de marzo, de las que estuvo ausente el Presidente Alfonsín, en viaje a los Estados Unidos. Tanto el trabajo de la CONADEP como el proceso de 1985 abren un espacio considerable a los familiares de desaparecidos, testigos y referentes privilegiados del terrorismo de Estado, en detrimento de la declaración considerada sospechosa de los sobrevivientes (¿habrán colaborado para sobrevivir?)[6]. Este estado de hecho contribuirá a consolidar el familiarismo exclusivo y lleno de desafíos, al que se refiere Elizabeth Jelin, en el cual las mujeres desempeñan un papel protagónico frente al “Padre-Estado”: una hiper visibilidad de los vínculos familiares –en particular de la filiación materna– que implica una resemantización de la relación entre vida pública y vida privada[7]. Las mujeres, figuras emblemáticas del paisaje memorial y del movimiento argentino de derechos humanos, son portadoras de la legitimidad de la acción. Por tanto, la exposición pública del vínculo familiar “estratifique” la participación en el debate, que solo permite transmitir “una parte de la historia”, en un espacio habitado por la desaparición operando como “suspensión del vínculo social y político”[8] sino también
como puesta fuera de la ley.[9] La familia, como metáfora del núcleo fundador de la Nación en el discurso dictatorial, es la que se convierte en portavoz legítima de las reivindicaciones a favor de los derechos humanos[10] –pero una familia cuyos principales garantes son desde entonces las mujeres.
Ese familiarismo toma un nuevo giro hacia fines de los años 80 y en los años 90. El clima político tenso engendra en 1987, por primera vez desde el retorno a la democracia, la reaparición de voces favorables a la dictadura en el contexto conmemorativo. En efecto, tras el juicio de 1985, surge una nueva era: la era de la impunidad, con la adopción de las llamadas Leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987)[11]. La escisión de la Asociación de las Madres queda confirmada: por un lado, el movimiento dirigido por Hebe de Bonafini, que sigue exigiendo radicalmente la aparición con vida de los desaparecidos, reivindicando su militancia
revolucionaria y rechazando toda negociación con el poder o toda indemnización; por el otro, la
“línea fundadora” que sostiene la búsqueda de los cuerpos de las víctimas y defiende una
postura colaborativa con el Estado. Paralelamente, se crea el Banco Nacional de Datos
Genéticos para establecer la identidad biológica de los desaparecidos y de sus hijos apropiados, por iniciativa de la Asociación de Abuelas, presidida por Estela Barnes de Carlotto. El recurso a los avances científicos permite entonces probar la filiación con un grado de certeza de 99,99 %, incluso en ausencia de los padres (el famoso “índice de abuelidad”), y refuerza la “creencia de que la prueba definitiva de la verdad radica en el ADN, la genética, la biología y la sangre”[12].
En 1992 se crea la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CONADI), siempre por iniciativa de las Abuelas, mientras que el nuevo Presidente Carlos Menem afirma su política de perdón a los militares –incluidos los que habiendo sido condenados en 1985, luego fueron indultados– junto con un programa de reparación financiera de las víctimas.
En ese contexto, el año 1995 marca un punto de inflexión que empezó con una sucesión de acontecimientos claves y como tela de fondo, la reelección de Menem a la presidencia: la declaración pública del capitán retirado Adolfo Scilingo que confesó haber participado activamente en los vuelos de la muerte[13]; la ratificación por la Argentina de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, y más tarde la Convención sobre las desapariciones forzadas de 1994; así como el inicio de acciones judiciales sui generis –los “juicios para la verdad” (sin acusados, sin condenas)– en nombre del derecho a la verdad que emana de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a falta de procesamientos penales, imposibilitados en virtud de las leyes de 1986 y 1987. A esto se agregan la creación de la Asociación HIJOS (conocidos por su práctica de los escraches[14]) y la producción de nuevos testimonios de sobrevivientes. En filigrana, las voces hasta entonces silenciosas de hermanas y hermanos de desaparecidos hallarán su anclaje con el nacimiento de la Asociación Herman@s en 2002. Todo esto da un nuevo impulso a las conmemoraciones, simbolizado por el importante 20º aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1996. Sin embargo, aún persisten divergencias dentro de las asociaciones en cuanto a su posicionamiento con relación al Estado, en un contexto de impunidad pertinaz desde 1986 –como lo recuerdan los incidentes que rodean la colocación de la piedra fundacional del Monumento a las Víctimas en el Parque de la Memoria situado frente al Rio de la Plata, en marzo de 1999. La política memorial no anula las amnistías que siguen vigentes, pero cuya validez se tambalea.
De hecho, durante la nueva presidencia interina de Eduardo Duhalde (enero de 2002 a mayo de 2003, en el contexto de la crisis económica de 2001) se promulga la ley de 2002, que oficializa el
“24 de marzo” a escala nacional, fruto de un consenso entre los principales partidos políticos.
Ese acuerdo se formaliza tras el decreto emitido por Menem en 1998, que prevé “la realización anual del análisis crítico del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976” en la totalidad de los centros educativos nacionales, al igual que la conmemoración de “las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal”[15]. La ley de 2002 entra en vigor, sin más debates, pese a que en ese mismo momento se desarrollan acaloradas discusiones parlamentarias sobre el proyecto de anulación de las leyes de amnistía, propuesto por la diputada Patricia Walsh, hija del escritor asesinado en 1977.
El fin de la era de la impunidad y el perdón irrumpe con la elección del Presidente Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003. En Argentina, todos recuerdan las imágenes de Kirchner ordenando, el 24 de marzo de 2004, el retiro de los retratos de los generales Videla y Bignone de las paredes del Colegio Militar. Ese mismo día, pide perdón a las víctimas de la dictadura –por primera vez en nombre del Estado– en el sitio de la ex-ESMA, centro clandestino de detención recuperado como lugar de memoria. Tan pronto asume el poder, anula el decreto que impedía la extradición de militares, ratifica la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y promueve la derogación de las leyes de 1986 y 1987, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005. A partir de ese momento las acciones penales se multiplican, incluso contra aquellos generales que habían sido juzgados durante el gobierno de Alfonsín e indultados luego bajo la administración Menem. Por otra parte, el 24 de marzo se convierte en día “feriado e inamovible” en 2006, a pesar de las discrepancias manifestadas por asociaciones como la de Madres de la “línea fundadora” y de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos (esgrimidas en particular por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz), que deploran el carácter “festivo” así adjudicado a la fecha conmemorativa.
La elección del Presidente Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, marca el surgimiento de un nuevo paradigma que pone fin a la “era Kirchner” (Néstor, hasta 2007, seguido por Cristina, su esposa). Tres acontecimientos jurídico-judiciales conmueven al país en 2017. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que vuelve “amovible” el 24 de marzo por razones económicas (evitar los “puentes” que alargan los días no laborables). Por el otro, el fallo de la Corte Suprema que concede a los militares condenados el beneficio de una ley antigua –llamada
“2×1”, vigente de 1994 a 2001– que autoriza la reducción de las penas multiplicando por dos los años transcurridos en detención preventiva. Por último, la salida de la cárcel (prisión domiciliaria)
de uno de ellos, Miguel Etchecolatz, por razones de salud. En todos los casos, las autoridades gubernamentales y judiciales dan marcha atrás, en respuesta a la presión de las manifestaciones masivas que integran nuevos actores en el escenario público: los hijos y nietos de los verdugos, reunidos en el colectivo “Historias Desobedientes”, compuesto por una mayoría de mujeres[16]; y los “Vecinos sin Genocidas”. La eventualidad del regreso de los criminales a la vida social
reactiva el sentimiento de impunidad que había surgido del quiebre operado en los años 1990 bajo la presidencia de Menem[17]. Una vez más aumentan las reivindicaciones, pero las
conmemoraciones del 24 de marzo dan lugar a una militancia de otro tipo, más inclusiva, de una ciudadanía más allá del familiarismo en sentido estricto aunque siga predominando. Las
fronteras memoriales cambian, se desplazan, revelando voces hasta entonces inaudibles, transparentes.
El “24demarzo”, atravesado por una pluralidad de actores, trayectorias y expectativas, adquiere con el correr del tiempo una dimensión que refleja la evolución paralela del derecho a la verdad en derecho internacional: una dimensión colectiva, social, de contornos movedizos, más
permeables a la idea de una comunidad política y humana. Pero el “24 de marzo” tiene además una vida más allá de la “holofrase” argentina. Se convierte, en 2010, en “Dia Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”[18], en un marco que aspira a la universalidad. La elección de un “24 de marzo” internacional por la ONU homenajea desde entonces al obispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por “su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano”[19].
*Este texto será publicado en francés en la revista Parlement[s] en 2020 (traducción al español:
Ana Guarnerio; relectura: Anaïs Lirot)
**Profesora de Derecho en las Universidades de Ginebra y de Neuchâtel (Suiza).
[1] Sobre la evolución del estatuto de víctima en el discurso de las asociaciones y de la sociedad
argentina: Tahir, Nadia. Argentine. Mémoires de la dictature, Rennes, PUR, 2015.
[2] Para un análisis detallado de la confrontación de las memorias durante los “24 de marzo” en
Buenos Aires entre 1976 y 2001, véase el estudio siguiente: Lorenz Federico Guillermo, “¿De quién es el 24 de marzo? Las luchas por la memoria del golpe de 1976”, in Elizabeth Jelin (dir.), Las Conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”, Madrid, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 53-100. Véase también para una síntesis de las principales etapas de justicia transicional en Argentina: Garibian Sévane, “Vérdad versus impunidad. La justicia
(post)transicional en Argentina y el ‘human rights turn‘”, in José Lopez Mazz, Elisabeth Anstett y Denis Merklen (dir.), Después de la violencia. El presente político de las dictaduras, Montevideo, Ediciones de la Banda oriental, 2017, p. 97-109.
[3] Rousseaux, Fabiana. “Subjetividades y dictaduras”, Contexto, 24 de marzo 2015 y “Lo nuevo
en este 24-de-marzo”, Página 12, 29 de marzo 2018.
[4] Véase Dandan, Alejandra. “Carta abierta por la memoria de Walsh”, Pagina 12, 26 de marzo
2012, que relata la conmemoración que fue organizada en honor de Rodolfo Walsh durante las ceremonias del 24 de marzo 2012 en el antiguo centro clandestino de detención ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) convertido en 2004 en un lugar de memoria.
[5] Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina. Organización de los
Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/11.49, doc.
19, 11 de abril 1980. Fue al final de ese año que recibió Adolfo Pérez Esquivel, unos de los líderes del movimiento argentino de los derechos humanos, en el Premio Nobel de la Paz.
[6] Véase Feld, Claudia y Messina, Luciana. “Les témoins consacrés et les témoins ‘déniés’.
Modalités des carrières testimoniales sur la disparition forcée de personnes en Argentine”, in Béatrice Fleury y Jacques Walter (dir.), Carrières de témoins de conflits
contemporains (2). Les témoins consacrés, les témoins oubliés, Nancy, PUN, 2014, p. 237-258 ; así como Longoni, Ana, Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los
sobrevivientes de la represión, Buenos Aires, Norma, 2007.
[7] Jelin, Elizabeth. “Familles et victimes. Quelle place pour les citoyens ?”, Témoigner entre
histoire et mémoire, n° 118, sept. 2014, p. 98.
[8] Ibid.
[9] Garibian, Sévane. “Buscar a los muertos entre los vivos: dar cuerpo a los desaparecidos de la dictatura argentina por el derecho”, in Elisabeth Anstett, Jean-Marc Dreyfus y Sévane Garibian
(dir.), Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2013, p. 29-39.
[10] Cf. Jelin. Elizabeth. Op. cit., p. 98 ; Feld. Claudia y Messina. Luciana, Op. cit., p. 244.
[11] La primera pone término en un plazo de 60 días, a las denuncias de las víctimas de la
“guerra sucia” contra los miembros del ejército y de la policía presuntos de violaciones de los derechos humanos. La segunda garantiza la impunidad a todos los militares de rango inferior al de coronel.
[12] Jelin. Elizabeth. “Familles et victimes. Quelle place pour les citoyens ?”, Op. cit., p. 100.
[13] Su confesión recopilada por el periodista Horacio Verbitsky, fue publicada en la obra El
vuelo, Buenos Aires: Planeta, 1995.
[14] Nombre que designa protestas organizadas en lugares de residencia, de trabajo o de
enterramiento de antiguos militares, objetos de una denuncia pública.
[15] Se puede observar aquí la “teoría de los dos demonios”, la cual sitúa en el mismo nivel el
terrorismo de Estado y las acciones guerrilleras. Recordamos también que la ciudad de Buenos Aires apruebe una ley conmemorativa en este sentido, el 23 de marzo 2000, sin reproduje la citada teoría.
[16] Asimismo, tomamos nota de otro colectivo de hijos y nietos de militares, reunidos con
objetivo contrario (la defensa de los derechos de sus padres): “Puentes para la legalidad”, creada en 2015, y que es sucesora de “Hijos y Nietos de Presos Politicos” que apareció en 2008. Sobre las acciones lideradas por todos esos nuevos actores (incluidas las acciones judiciales):
Guglielmucci, Ana. “El perpetrador y sus descendientes: la perturbación del legado político- familiar”, in Sévane, Garibian, Zahira, Aragüete-Toribio y Ana Forcino (dir.), Reflexiones en torno a La muerte del verdugo, Hispanic Issues On Line Debates 9, 2019, p. 58–74.
[17] Cf. Garibian, Sévane. “Los verdugos vuelven a estar presentes en el mundo social”,
entrevista con Alejandra Dandan, El Cohete a la Luna, 21 de enero 2018.
[18] Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos del 17 de enero 2010 (A/HRC/RES/14/7) y de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 décembre 2010 (A/RES/65/196).
[19] Ibid.
