Lucha contra el soborno en la sanidad pública – Polonia Exposición

La corrupción en el sector de la salud se debe a varios factores, entre ellos la falta de normas claras para evaluar la actuación profesional de los proveedores, la falta de una supervisión efectiva y la ausencia de seguimiento. En Polonia, los sobornos son comunes en el sistema médico y de atención sanitaria. A finales de los años noventa, tuvieron gran difusión varios informes realizados por el organismo superior de auditoría de Polonia, la Cámara Superior de Control, y el Banco Mundial en los que se estudiaba la prevalencia de la corrupción en el sector de la salud. Las encuestas realizadas por la Fundación Batory también sugerían el alcance del problema. Según una encuesta realizada en 2001, los médicos eran percibidos como el grupo profesional más corrupto y, en 2003, la sanidad era percibida como el segundo sector más corrupto; el 61% de los pacientes reconocían ofrecer sobornos a los médicos. Los bajos sueldos de los profesionales sanitarios combinados con una falta de capacitación ética, la falta de transparencia del sistema de financiación por los Servicios Nacionales de Salud y la deficiente financiación de los centros de salud abonaban el terreno para que prosperase el soborno.

La prevalencia del soborno en la sanidad pública hace que la práctica sanitaria viole el derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible de salud física y mental. El soborno crea discriminación en el acceso a la atención médica en favor de los pacientes que tienen capacidad para pagarlo.

Respuesta

La prevalencia de la corrupción en la sanidad pública debía abordarse por va-rios métodos distintos. Además de una legislación apropiada que prohibiese los sobornos en el sector sanitario, el reconocimiento por la sociedad del problema era indispensable, al igual que el establecimiento de alianzas entre activistas so-ciales, los medios de información y la profesión médica. Además, se necesitaban mecanismos de gobernanza apropiados para inyectar responsabilidad y transpa-rencia en la gestión de los servicios públicos. En 2001, el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Medicina, formado por activistas civiles y de derechos humanos, médicos, periodistas y representantes del Gobierno, inició el debate público sobre los sobornos en el sector de la salud. El Grupo de Trabajo dirigió campañas de concienciación del público y elaboró normas de buen gobierno para la gestión de los servicios sanitarios, incluida la gestión de las listas de es-pera de los servicios de salud especializados.

Diseño

El establecimiento del Grupo de Trabajo en 2001 tuvo lugar a raíz de varios informes que recibieron gran difusión y que generaron un amplio debate sobre la corrupción en el sector sanitario. La auditoría de centros de salud realizada por la Cámara Superior de Control concluyó que se violaba el derecho legal de los pacientes a la atención sanitaria gratuita en 37 de 50 centros de salud, y la participación económica de los pacientes estaba tan extendida que no había intento alguno de ocultarla. La participación incluía contribuciones a colectas públicas o se debía a decisiones de los centros de salud de cobrar ciertos ser-vicios. Además, el carácter voluntario de los pagos a menudo era dudoso. En 1999, el Banco Mundial informó también de que los pagos extraoficiales eran moneda corriente en el sistema médico y sanitario de Polonia. Entre esos pagos figuraban desde pequeños regalos posteriores a una consulta médica o la entrega de cantidades para recibir tratamiento con más rapidez, hasta grandes sobornos a cambio de operaciones quirúrgicas y otros tratamientos.

En enero de 2000, la Fundación Batory y la Fundación Helsinki para los Dere-chos Humanos, una organización de dereDere-chos humanos de Polonia, establecie-ron un programa anticorrupción conjunto. Su programa pretendía cambiar la ac-titud de los ciudadanos hacia la corrupción publicando informes y patrocinando campañas de sensibilización. En 2001, el programa anticorrupción estableció un grupo de trabajo formado por médicos y encargado de abordar los problemas éticos en la sanidad pública y mejorar el acceso a los servicios médicos.

El Grupo de Trabajo está formado por periodistas, representantes del Fondo Na-cional de Salud, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la Cámara

de Médicos de Polonia, el Banco Mundial y la Fundación Batory. En 2001, el Grupo de Trabajo preparó dos seminarios, seguidos por la publicación de sendos informes: Opiniones de pacientes y médicos sobre la corrupción en la sanidad pública y Aspectos institucionales de los pagos extraoficiales en la atención sani-taria en Polonia. Esos informes se vieron acompañados por una serie de artículos en la prensa sobre la falta de ética en la conducta del personal médico en todo el país, que desencadenaron el debate y llevaron la cuestión al orden del día de las conferencias organizadas por asociaciones médicas. Los informes recibieron una respuesta negativa de ciertos sectores de la comunidad sanitaria, que ponían en duda la fiabilidad y la información que contenían. En un esfuerzo por facilitar el debate con el sector sanitario, la Fundación Batory organizó en 2002 un taller para 11 médicos, 15 representantes de fondos sanitarios y 13 periodistas espe-cializados en atención de salud.

Ejecución

Desde su establecimiento, el Grupo de Trabajo ha iniciado el debate público sobre la corrupción en el sector sanitario, ha determinado los ámbitos del sector afectados por la corrupción y ha formulado propuestas. Un elemento importante de su labor fue el proyecto “Listas de espera con humanidad”, que se proponía mejorar el acceso a los servicios de especialidades médicas. Los sobornos rela-cionados con las listas de espera para los servicios de especialidades médicas están particularmente extendidos debido a la escasez de esos servicios y a la urgencia de las necesidades de los pacientes. Por ejemplo, la encuesta de 2003 realizada por la Fundación mostraba que la razón que con mayor frecuencia citaban los pacientes para ofrecer sobornos era evitar largas listas de espera para una operación quirúrgica o para obtener un certificado de enfermedad.

La primera reglamentación oficial sobre la gestión de las listas de espera se adoptó en 1998. Obligaba a los hospitales a mantener “listas de espera” y a registrar a los pacientes con derecho a recibir tratamiento pero que no podían ser admitidos de inmediato. Sin embargo, la reglamentación establecía normas para la gestión de las listas. Respondiendo a la necesidad de mayor transparen-cia, el Grupo de Trabajo lanzó el proyecto piloto “Listas de espera para cirugía”, que intentaba establecer listas oficiales en los departamentos de cardiología. En 2002, el Grupo de Trabajo realizó y publicó un examen de las prácticas interna-cionales en la gestión de los servicios de especialidades médicas y las listas de espera. También envió un cuestionario a 120 departamentos de cardiología con preguntas acerca de sus prácticas actuales en relación con las listas de espera.

Respondieron alrededor del 40% de los centros de salud, y el 70% de éstos afir-maron que mantenían listas de espera oficiales. La mayoría, el 68%, afirmó que las listas estaban basadas en criterios médicos claros, pero sólo el 23% dijo que esos criterios eran públicos y estaban a disposición de los pacientes.

El Grupo de Trabajo también intensificó el diálogo con el Ministerio de Salud para contribuir a los debates en el Gobierno sobre la enmienda de la Ley de organizaciones de gestión sanitaria. En particular, propuso que la Ley estable-ciese criterios claros para las listas de espera, garantizase el derecho del público

a acceder a la información y previese la supervisión por los ciudadanos de los tiempos de espera.

En 2003, el Ministerio estableció un departamento consultivo de expertos, que incluía a miembros del Grupo de Trabajo, para que elaborarse un sistema de ges-tión de las listas de espera de pacientes para servicios médicos especializados.

En 2004, el Grupo de Trabajo elaboró un proyecto de reglamento sobre listas de espera públicas para los servicios médicos racionados, que fue incluido en la Ley sobre instituciones de atención sanitaria adoptada por el Parlamento. A raíz de los cambios legislativos, los proveedores financiados por el Fondo Nacional de Salud deben establecer un registro de pacientes en lista de espera y adoptar criterios transparentes para su gestión.

Repercusiones en los derechos humanos y retos

La labor del Grupo de Trabajo ha concienciado al público acerca de las conse-cuencias negativas del soborno en la prestación de servicios sanitarios. También ha impulsado el debate dentro de la comunidad médica y es en gran medida responsable de que el Gobierno haya adoptado criterios claros para la gestión de las listas de espera.

El Grupo de Trabajo ha proseguido su labor y ha elaborado una lista de verifica-ción con el fin de evaluar los cambios en la legislaverifica-ción provisional sobre aten-ción sanitaria en lo que atañe a sus repercusiones para las prácticas corruptas.

También ha definido las esferas en el proyecto de ley del Gobierno sobre aten-ción sanitaria financiada con fondos públicos que puedan abrir oportunidades a las prácticas corruptas. En 2005, el Grupo de Trabajo elaboró un modelo de procedimientos para cubrir los puestos directivos en el servicio sanitario, espe-cialmente los puestos de jefes de departamento en centros de salud y hospitales.

También está preparando criterios para evaluar de forma equitativa a los candi-datos a esos puestos.

E. Reforma municipal para combatir la corrupción y mejorar la