Cambios en los sistemas de bienestar y nuevas necesidades y demandas sociales

Al cambio del modelo de producción (y, en definitiva, del modo de regulación económica) y los cambios en el empleo, se añadieron nuevos cambios que tienen que ver con los sistemas de bienestar en los países occidentales (especialmente en los países europeos en la tradición de l’État-providence) y con cambios de tipo sociodemográfico y medioambientales. Estos cambios dieron paso, en algunos casos, a nuevas demandas sociales por parte de la ciudadanía. Cabe recordar que el nuevo escenario tras la crisis económica de la década de los setenta y la emergencia de la globalización implicó varios aspectos que ya han sido apuntados en este capítulo. En primer lugar, se produjo un cambio del modelo de producción (o, al menos, erosión de su condición hegemónica hacia un modelo de producción más flexible y adaptado¹⁹. En segundo lugar, se produjo una diversificación de la economía, en tanto que creció el sector servicios en detrimento del sector industrial tradicional (al menos, en lo que respecta a los países occidentales).

En tercer lugar, se dio un aumento de la flexibilidad espacial de las empresas, en tanto que creció la movilidad empresarial (externalización y, sobre todo, deslocalización productiva). Esta situación se dio en combinación con la financiarización de la economía, es decir, el aumento de la movilidad del capital. Todo ello provocó, entre

19 Como ya han apuntado algunos autores, es discutible si este modelo de producción flexible es un modelo que se adapta mejor a una demanda también flexible o es el propio modelo de producción (en este caso, en tanto que modelo de consumo) el que ha construido esta demanda menos rígida (Miguélez, 2004).

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otras cuestiones, una pérdida de la capacidad reguladora (en definitiva, del poder) de los Estados nación sobre la esfera económica, lo que supuso una pérdida de control sobre las empresas. En este contexto aumentaron de forma significativa las dinámicas de flexibilidad externa en el caso de las pymes. Todo ello generó un aumento de la flexibilidad externa del factor trabajo (Alonso, 1999). Esta situación provocó una crisis del empleo y del modelo social existente, con elevadas tasas de desempleo, pérdida de la capacidad negociadora de los sindicatos y atomización de las relaciones laborales.

A esta situación se añadieron una serie de cambios sociales que confluyen en el tiempo y que conviene destacar (Carrillo Benito, 2000; Suso Araico, 1999): cambios de tipo sociodemográfico, cambios sociales, cambios en las pautas de consumo y cambios en la concienciación ciudadana, particularmente respecto a los problemas de tipo medioambiental. Para el primer caso, en los países de la OCDE y, para el caso que nos ocupa, en la UE, se produjo un progresivo envejecimiento de la población, lo que provocó un cambio en la pirámide poblacional de los países europeos. Ello supuso una serie de cambios en las pautas de consumo y nuevas demandas en relación a la atención y al cuidado del colectivo de personas de edad avanzada. En segundo lugar, se produjeron una serie de cambios sociales, entre los que destaca la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Ello generó una serie de cambios en las estructuras familiares, desde el punto de vista de la erosión del modelo male breadwinner. Ello no quiere decir que dicho modelo desapareciera, pero la incorporación de la mujer como empleada provocó un cierto desplazamiento de las funciones atribuidas tradicionalmente a la mujer. En este sentido, cabe recordar las Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE en el ámbito europeo²⁰ y, para el caso español, la Ley de conciliación de 1999²¹. Estas medidas fueron claramente insuficientes entre otras cuestiones porque el objetivo no radicaba tanto en facilitar dicha conciliación en la esfera familiar como facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (Carrasquer y Martín Artiles,

20 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES; derogada posteriormente por la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES.

21 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

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2005; Torns, Borràs y Carraquer, 2003-2004; Torns, 2005). Esto produjo una situación de doble presencia asumido por el colectivo femenino (Balbo, 1978). Bajo este escenario, la demanda ha ido en la línea de servicios de atención y de cuidado de menores, pero también de otra clase de personas dependientes, generándose en algunos casos, nuevas relaciones entre Estado, mercado y familia (Lewis, 2006). En tercer lugar, se produjo un cambio en las pautas de consumo de la población, lo cual se debió a varios factores. Entre ellos, destacan la extensión del proceso de urbanización con una mayor concentración de la población en áreas urbanas; el aumento del tiempo de ocio a partir de la reducción del tiempo de trabajo (gracias a una reducción de la jornada de trabajo y un acortamiento de la vida laboral); el aumento (en términos generales) del nivel educativo medio de la población, etc. Todo ello comportaba nuevos estilos de vida que demandaban nuevas actividades de ocio y cultura. Finalmente, se dio un aumento del nivel de conciencia ciudadana en torno a la cuestión medioambiental: el agotamiento de nuestros recursos, la contaminación, los límites ecológicos del planeta, etc. El modelo de producción taylorista-fordista, basado en el crecimiento económico y la expansión del sector industrial generó una serie de efectos nocivos en el ecosistema mundial, especialmente por el deterioro de las condiciones medioambientales y el riesgo de agotamiento de los recursos naturales. En los años ochenta empezaron a surgir voces que alertaban de esta situación (Allende Landa, 1995; González Limón, 2000). Entre ellas destacaron el Informe Brundtland (WCED, 1987), las primeras aproximaciones al concepto de crecimiento sostenible por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas (Commission of the European Communities, 1989), la introducción del concepto de crecimiento sostenible en el Tratado de Maastricht de 1992, el informe Caring with the Earth en 1991 (IUCN/UNEP/WWF, 1991) y, especialmente, la Cumbre de Río de 1992. En el apartado 2.2.1. del siguiente capítulo entraremos en más detalles.

Aquí tan sólo cabe destacar el aumento de evidencias de que el sistema (si seguía la misma línea) podía ser insostenible. La mayor producción de información sobre la cuestión permitió un aumento del conocimiento y de la asunción por parte de los ciudadanos (los responsables políticos y económicos es otro tema) de la dimensión ecológica. Este aumento de la conciencia colectiva se articuló alrededor de diferentes iniciativas. Entre ellas, el Programa Comunitario de Política y actuación en materia de medioambiente y desarrollo sostenible de la Comunidad Europea “Hacia un desarrollo sostenible” (Commission of the European Communities, 1992), el Libro Verde del

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Medio ambiente urbano (European Comission, 1990) o la Agenda 21 surgida de la Cumbre de Río de 1992.

Estos cambios generaron entre la población una serie de necesidades o demandas que no serían satisfechas por el mercado ni por el Estado. Entre estas necesidades o demandas cabe destacar servicios en el sector de atención a las personas (atención domiciliaria, servicios de conciliación, etc.) y servicios de tipo medioambiental (servicios de reciclaje y recogida eficiente de residuos, producción de energías alternativas, etc.). Sin embargo, estas demandas no siempre fueron demandas solventes por lo que el mercado no creaba la oferta necesaria (Cachón, 1998). Y, desde el punto de vista del Estado, la cobertura de estas necesidades dependía de una voluntad política que no siempre existía (Miguélez, 2007; Navarro, 2000). De hecho, estos cambios y nuevas demandas se recogieron en el informe conocido como Libro Blanco de Delors, Crecimiento, Competitividad y Empleo (Comisión de las Comunidades Europeas, 1993), apuntando a la falta de capacidad por parte del mercado y del Estado (en su concepción tradicional) para poder satisfacer las demandas que se derivaban de dichos cambios. La forma que se propuso en el seno comunitario para articular estas demandas sociales no satisfechas con la creación de empleo fue la de los nuevos yacimientos de empleo. Con ellos, se buscaba combatir el elevado desempleo existente en la UE con la cobertura de determinadas demandas de servicios, la mayoría de los cuáles tenían una alta vinculación con la dimensión local. En el apartado 5 del siguiente capítulo ahondaremos en esta cuestión.

Cabe apuntar que el Libro Blanco de Delors partía de un escenario de creciente descentralización política, de pérdida de poder regulador del Estado y de creciente autonomía de la economía. De hecho, en el propio texto se apuntaba a la combinación entre nuevos yacimientos de empleo y descentralización política. Para el caso español (que veremos con más detalle en el capítulo 4), este proceso se inició con la Constitución Española de 1978 y la instauración del Estado de las Autonomías. En los años ochenta, las elevadas tasas de desempleo en España hicieron que los diferentes entes locales, especialmente los Ayuntamientos, lideraran actuaciones para combatir esta situación, a pesar de las limitaciones económicas y competenciales. En este contexto, aparecieron las primeras Iniciativas Locales de Empleo apoyadas por la OCDE y los primeros departamentos municipales de promoción económica. Las

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iniciativas de impulso al desarrollo económico (FEDER, LEADER, etc.) adoptadas por la UE permitieron obtener más recursos a estos entes locales, consolidando cierto liderazgo del actor local en determinadas actuaciones (Comisión Europea, 1995 y 2000). A estos primeros problemas de lucha contra el desempleo se añadieron, por tanto, las demandas sociales vinculadas a la sostenibilidad social y medioambiental de los territorios. Como veremos con más detalle en el siguiente capítulo, la dimensión local permite un mayor contacto con la comunidad local y, por tanto, es un potencial activo para poder vehicular de forma más directa las demandas de la población local.

3.4. La emergencia de la dimensión local en la búsqueda de riqueza, empleo y