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La Chronique des Amériques Octobre 2009 N°06
La lucha democrática de las comunidades locales e indígenas del Perú por
la defensa del agua y de la tierra
!!Pierina Yupanqui Huerto* !
!!Pierina Yupanqui Huerto:abogada, profesora e investigadora en temas ambientales e indígenas
¿Una globalización injusta en desmedro de los mas pobres?
La globalización es un fenómeno complejo de tipo cultural, económico y político. Según Sinesio López, la globalización económica ha impuesto un orden global, donde las transnacionales tienen el rol de expandir la producción y de ser promotoras de la economía mundial, requiriendo la participación de las grandes potencias estatales y de los organismos internacionales financieros. Todo ello, a fin de poder penetrar políticamente y jurídicamente en las economías de los Estados semi-periféricos y periféricos, violando sus soberanías1.
La continua y agresiva transferencia de conocimiento, tecnología, recursos naturales y capital humano ha traído consigo la cultura y la democracia universal, además de valores universalizados impuestos a las sociedades. Lo que ha producido
masivas protestas en todo el mundo lideradas por grupos ecologistas y de anti-globalización, incluyendo a las agrupaciones étnicas que se oponen a esta tendencia mundial, porque afecta su cosmovisión y su propio desarrollo cultural2.
Ello ha ocasionado, que en América Latina se pierda la legitimidad política en los gobernantes de
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1Sinesio López Jiménez, Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo, mapas de la ciudadanía en el Perú, Instituto de Dialogo y Propuestas, Lima, 1997, p. 75
2 Ludolfo Paramio. “Democracia y desigualdad en América Latina” en: Temas
de la Democracia, No. 6, Serie de conferencias magistrales, 1999, p. 8
turno y que se requiera de gobernabilidad para asegurar el rol social del Estado y que este último permita la participación de la sociedad civil. ¿Por qué el Estado debe tener el rol de conducir la democracia? El Estado es el actor principal de la organización y la coordinación de la acción colectiva, para cumplir este rol el Estado tiene que transformarse y cambiar su relación con la sociedad y las agrupaciones de la sociedad civil3.
Un Estado responsable requiere de un control administrativo de los gobernantes de turno a nivel nacional, regional y local. Lo que se denomina accountability. El Estado a través de su órgano de control vela por el cumplimiento de la ley, la gestión transparente y honesta de los recursos públicos. En el Perú, este órgano es la Contraloría General de la Republica4. Existe otra manera de hacer
un control estatal: la participación ciudadana. Esta puede insertarse por ejemplo en las audiencias publicas, en la asignación de gastos del presupuesto del Estado, en la planificación de programas sociales y en la fiscalización gubernamental local y regional. Por ello, los mecanismos de democracia semi-directa son indispensables para asegurar la participación ciudadana. Tales como: el plebiscito, el referéndum y los medios de comunicación públicos5.
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3 Consejo Científico del CLAD. “La accountability” en: La Responsabilidad en
la nueva gestión publica latinoamericana, CLAD, 2000, p. 82
4 Contraloría General de la Republica, en línea:
CGR!http://www.contraloria.gob.pe/cgr/cgr.asp". 5 Ver nota 3, p. 19 La globalización es un fenómeno complejo de tipo cultural, económico y político
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Los gobernantes peruanos se han dado cuenta que requieren de la participación de las organizaciones de la sociedad civil para atender las demandas sociales. Ello beneficia económicamente al Estado en la reducción de costos de información. Las agrupaciones de la sociedad civil trabajan para obtener cifras sociales que les permitan tener un mapa social de la realidad peruana. Además, planifican las estrategias y los ejes sociales de los proyectos a realizarse para atender las necesidades y preocupaciones locales. Sin esta información, el Estado es incapaz de aplicar debidamente los programas sociales.
En el Perú, la sociedad civil nace de los sectores sociales mas excluidos: comunidades locales e indígenas. Según el investigador Cunill Nuria, durante los siglos XIX y XX, las demandas de la sociedad civil se concentraron en el establecimiento de mecanismos de participación política y social institucionalizados, la reivindicación de ciertos derechos consuetudinarios o adquiridos y la inclusión de los espacios de libertad
colectiva en la vida publica. Frente a estas demandas, el Estado ha respondido en varias ocasiones de manera tardía a través de programas sociales que no recogen las demandas planteadas6.
El Estado peruano tiene una deuda social con los peruanos basada en la negación al desarrollo sostenible y al bienestar. Una forma de reducir esta deuda es a través del proceso de descentralización y de regionalización, el cual tiene una larga historia desde 1873 de continuos avances y retrocesos y que recién a partir del 2002, se puede hablar de un proceso continuo de descentralización7.
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6 Cunill Nuria. “Repensando lo publico a través de la sociedad” en:
CLAD-Nueva sociedad, Cap. 2, 1997, p. 73
7 El Perú tuvo que esperar hasta el 2002, luego del periodo de dictadura de
Alberto Fujimori, para iniciar un proceso efectivo de descentralización. Fue el gobierno de Alejandro Toledo que promulgó la Ley de Bases de la Descentralización No. 27783, ley que crea el Consejo Nacional de Descentralización-CND como organismo publico descentralizado y autónomo, que tiene el rol de conducir el proceso de descentralización y regionalización. A la fecha, según la ONG Propuesta Ciudadana, el CND ha cumplido con sus funciones asignadas en la Ley 27783 y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867. Sin embargo, las decisiones tomadas por el CND carecen de relevancia jurídica y política. Es decir, se limita a ser un organismo consultor de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. Su mayor fruto ha sido el Plan Nacional de Desarrollo Territorial 2003-2013 que contiene la visión y los ejes de la descentralización territorial enfocada en la promoción a la inversión. El gobierno actual de Alan García ha encomendado la conducción del proceso a la Secretaria de Descentralización que depende de la Presidencia del
De la lucha por el desarrollo local sostenible al ejercicio del derecho a la consulta popular: legal, legitima y democrática en el Valle de Tambogrande
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio continuo económico, social, ambiental y ético. Este proceso requiere de un Estado democrático que establezca mecanismos de participación inclusiva, el acceso a la información oportuna y el derecho a vivir en un ambiente saludable, protegiendo y defendiendo los derechos humanos. Este proceso debe incluirse en todas las actividades de explotación de recursos naturales, de tecnología y de reforma de instituciones. El desarrollo sostenible es una perspectiva moderna a nivel mundial de progreso inclusivo que tiene por fin evitar que las actividades humanas causen daños irreversibles al medio ambiente.
La explotación de los recursos naturales en el Perú se concentra en los recursos mineros. El Perú ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y segundo lugar mundial en producción de cobre y zinc. La minería en el Perú ocasiona varios impactos ambientales, sociales y culturales. Por ello, el sector minero, a cargo del Ministerio de Energía y Minas-MEM, tiene un rol preponderante en la conducción del proceso de desarrollo sostenible. Sin embargo, el sector minero prioriza la actividad minera sobre la conservación del medio ambiente a fin de asegurar el acceso al capital económico. Esta perspectiva corresponde a una sostenibilidad débil del medio ambiente, a la cual se adhieren la Organización Mundial de Comercio-OMC, las transnacionales mineras y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial-BM y el Fondo Monetario Internacional-FMI. Por el contrario, la perspectiva de la sostenibilidad fuerte prioriza la conservación del ambiente sobre las actividades económicas, a la cual se inscriben las organizaciones ecologistas8.
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Consejo de Ministros. Ver Grupo Propuesta Ciudadana, en línea : Grupo Propuesta Ciudadana
!http://www.participaperu.org.pe/n-editorial.shtml?x=13312".
8 Diario La Republica, en línea: La Republica Online
!http://www.larepublica.com.pe/content/view/206049/484/"; Juan Aste Daffos, Perú: la expansión minera y la necesidad de una zonificacion ecológica-económica para el desarrollo sostenible, Fundación Ebert, Lima, 2003, p. 10 El Estado peruano
tiene una deuda social con los peruanos basada en la negación
al desarrollo sostenible y al bienestar. Una forma de reducir esta deuda es a través del proceso de descentralización y
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Durante el gobierno de Alberto Fujimori, la empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. obtiene una concesión minera sobre 10 mil has. en el valle de Tambogrande y de San Lorenzo para la explotación de oro, cobre y zinc. Tambogrande es un valle agrícola ubicado en el distrito que lleva el mismo nombre dentro de la región Piura. Allí, se desarrollan cultivos intensivos de mango, limón y arroz. La zona afectada por las concesiones mineras esta ubicada en el medio de la región Piura por donde pasa el río del mismo nombre, comprometiendo las poblaciones de Tambogrande y de la comunidad San Juan Bautista de Locuto. Según el investigador Robert Moran, la zona es de alto riesgo ambiental por estar en proceso de desertificación, por ser afectada por el fenómeno del Niño y por contar con escasas fuentes de agua. Por ello, la preservación de los bosques de algarrobos y de otras especies es de vital importancia para el mantenimiento del valle agrícola9.
La concesión de Manhattan fue otorgada por el MEM mediante Decreto Supremo No. 014-99 MEM. La empresa inicia sus actividades
de exploración en noviembre de 1999 a través de su sucursal Compañía Minera Manhattan S.A. En un principio, estas actividades fueron autorizadas por la Municipalidad de Tambogrande, mediante Decreto de Alcaldía No.
010-99-MDT. Según Wilmer Viñas,
administrador municipal de ese entonces, dos años atrás, la empresa inició contacto con la comunidad a
través de programas sociales a fin de obtener legitimidad. Sin embargo, la empresa no anunció que iba a desplazar a la comunidad para realizar el proyecto e indicó que no iba a explotar el valle de San Lorenzo. La empresa trató de convencer a la comunidad de la realización del proyecto minero, con una información insuficiente y contradictoria a través de anuncios por la radio y talleres informativos. Por ello, la comunidad reaccionó desconfiadamente y comenzó a organizarse para analizar el comportamiento de la empresa y las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales en su comunidad de realizarse el proyecto10.
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9 Robert Moran. “Tambogrande: los ejemplos amargos de Manhattan” en Juan
Aste Daffos, Consideraciones económicas para evaluar la sostenibilidad del proyecto minero Tambogrande. Informe económico. Mesa Técnica de apoyo a Tambogrande, Lima, 2001, p. 43
10 Juan Aste Daffos, Evaluación de la sostenibilidad económica del Proyecto
minero Tambogrande: Informe Final, Grupo para la promoción del desarrollo
Las condiciones políticas y legales favorecieron el otorgamiento del permiso de exploración a favor de Manhattan. La política neoliberal de Alberto Fujimori tuvo como objetivo beneficiar a las empresas e instituciones financieras extranjeras. Para ello, el gobierno pidió autorización del Congreso de la Republica para emitir una serie de decretos a favor de la inversión, siendo la Ley de Promoción de la Inversión extranjera (D. Leg. No. 662) y la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. No. 757) los instrumentos jurídicos principales. Esta política obedeció a los compromisos internacionales que asumió el Perú con el BM sobre la promoción y la protección de las inversiones extranjeras en recursos naturales11.
Luego de la dimisión de Alberto Fujimori a la presidencia de la República desde el Japón y de su destitución por incapacidad moral por el Congreso de la Republica, Valentín Paniagua Corazao es elegido presidente provisional y es encargado de convocar a elecciones presidenciales. En medio de ese contexto de inestabilidad política, el conflicto de Tambogrande se agravó con el paro de 48 horas del 27 y 28 de febrero del 2001, organizado por el Frente de Defensa de Tambogrande. Organización de la sociedad civil que surge del seno de la comunidad para proteger los intereses y derechos de los agricultores y demás pobladores. Durante el paro, se destruyeron las casas construidas por la empresa Manhattan destinadas a la comunidad a ser desplazada de sus tierras y hogares. En abril del mismo año, el líder del movimiento social es asesinado, Godofredo García Baca, agricultor y profesor universitario12.
Frente a esta situación, el 16 de marzo del 2001 la municipalidad de Tambogrande deja de apoyar a la empresa minera, anulando el Decreto de Alcaldía No. 010-99-MDT, fecha que marcó el inicio de la
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de los Andes, Lima, 2004, p. 9; Encuesta realizada por la autora a Wilmer Viñas en el Palacio Municipal de Tambogrande en febrero del 2004.
11 D.Leg. 662, Régimen de la estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras
mediante el reconocimiento de ciertas garantías, en línea: Congreso de la Republica del Perú
!http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/00662.pdf" ; D. Leg. 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, en línea: Congreso de la Republica del Perú
!http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/00757.pdf" ; ver Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica, en línea : CIDEIBER !http://www.cideiber.com/infopaises/Peru/Peru-09-01.html".
12 Ver nota 10, p. 8
La política neoliberal de Alberto Fujimori tuvo como objetivo
beneficiar a las empresas e instituciones
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alianza entre la comunidad, el Frente y la Municipalidad contra la empresa Manhattan y el gobierno nacional. Francisco Ojeda, presidente del Frente de Defensa, que reemplazó a Godofredo García Baca, es elegido alcalde de Tambogrande en noviembre del 2002 y un mes después recibe en nombre de la municipalidad el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos13.
La Iglesia católica también apoyó a la comunidad de Tambogrande en un principio, realizando pronunciamientos y reuniones en defensa de las tierras de la comunidad. Según el Monseñor Pablo Alvarado, cura de la Iglesia de Piura, la Iglesia tuvo un rol conciliador entre la comunidad y la empresa. Sin embargo, cuando la comunidad comenzó a realizar desmanes y a destruir las propiedades de Manhattan, la Iglesia dejó de apoyar al pueblo14.
El 20 de abril del 2002, la Municipalidad de Tambogrande convoca a una consulta popular mediante ordenanza municipal
(norma con rango de ley) para decidir si el proyecto minero debe realizarse o no en el Valle. La consulta se realizó el 2 de junio de manera democrática y publica con la participación de observadores
representantes de la ONG
Transparencia (que colabora con la Oficina Nacional de procesos electorales-ONPE en la organización de procesos electorales) obteniendo resultados sorprendentes. El 98.65% de la población (75 mil hab.) votó en contra del proyecto minero y optó
por el desarrollo agroindustrial. La consulta no se hubiese llevado a cabo sin la participación de la sociedad civil local y de las ONG. El Frente de Defensa de Tambogrande tuvo un rol primordial en la defensa del Valle y en la organización social que condujo a la consulta popular. Asimismo, trabajó conjuntamente con el apoyo de la radio local Cutivalu y de las ONG Grupo de Investigaciones Económicas-ECO y la Fundación Ecuménica para el desarrollo y la paz-FEDEPAZ en la concientización de la comunidad sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero a través de la organización de talleres participativos para la toma de decisiones sociales15.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13 Ver nota 10, p. 10.
14 Entrevista hecha por la autora al Monseñor Pablo Alvarado, cura de la Iglesia
de Piura en febrero del 2004.
15 Ver nota 10, p. 9; entrevista hecha por la autora a Román Balarezo,
presidente del Frente de Defensa de Tambogrande en febrero del 2004.
Según Juan Aste, las razones que obedecieron a esta decisión fueron: la reubicación de sus viviendas, la emigración y el desempleo rural. Todo ello conllevaría al aumento de la delincuencia, la prostitución y la pobreza, afectando al tejido social y a la identidad cultural. Por ultimo, económicamente, se perderían ingresos netos de $18 millones y de $20 millones en exportaciones y la desocupación salarial de 15 mil trabajadores agrícolas. Entonces, el problema de Tambogrande no es la falta de inversión privada, sino de participación social en la toma de decisiones sobre las actividades económicas a realizarse en la zona16.
A fin de obtener el aval del Estado, la empresa Manhattan presentó un Estudio de Impacto Ambiental al MEM en diciembre del 2002, quien no hizo observación alguna. Sin embargo, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA presentó un informe técnico sobre el Estudio de la empresa, concluyendo que el proyecto minero aumentaría el costo de vida de los pobladores y ocasionaría un desequilibrio, dado que la comunidad depende tradicionalmente de la actividad agrícola y agroindustrial, dadas las condiciones del clima y suelo del valle de Tambogrande. Además, indicó que Manhattan no incluyó en su estudio, la encuesta de percepciones que el Centro de Investigación y promoción del campesinado-CIPCA efectuó y que revela la oposición de la comunidad al proyecto minero, así como los posibles impactos ambientales a la actividad agrícola del valle17.
Según el informe del INRENA, las consecuencias ambientales son considerablemente altas. Una crisis del agua podría presentarse de utilizarse el reservorio de San Lorenzo, disminuyéndose la calidad del agua y su acceso a zonas agrícolas y urbanas; la dispersión de partículas metálicas sobre el valle produciría la contaminación de tierras agrícolas, del aire y la aceleración del proceso de desertificación; la exploración de tierras
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16 Ver nota 9, p. 30
17 Ver nota 10, p. 11; Manhattan Sechura Compañía S.A., Proyecto
Tambogrande, Estudio de Impacto Ambiental, en línea: MEM
!http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/estudios/tambogrande/default.asp" ; Observancia Técnica al Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto Tambogrande, No. 019-01-INRENA-OGATEIRN-UGAT, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales, en línea: MEM !http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/estudios/tambogrande/informes/O T_019_93_INRENA.PDF".
El 98.65% de la población (75 mil hab.)
votó en contra del proyecto minero y optó
por el desarrollo agroindustrial. La consulta no se hubiese
llevado a cabo sin la participación de la sociedad civil local y de
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subterráneas que concentran grandes cantidades de sulfuro de hierro, en una zona de ocurrencia del fenómeno del Niño, podría ocasionar el drenaje de grandes cantidades de acido debido y la perdida de bosques de algarrobo, de cultivos transitorios y permanentes18.
El MEM no retiró la concesión minera hasta fines del 2003, mediante resolución del contrato de opción que se firmó entre el Estado peruano y la empresa, durante el gobierno democrático de Alejandro Toledo, regresando las 10 mil has. a la comunidad de Tambogrande. En agosto del 2004, Manhattan inicia un proceso arbitral para defender sus derechos mineros y se cambia de nombre a Mediterranean Minerals. Esta continua a la fecha con su demanda. Luego, comenzó a realizar actividades de exploración en otras concesiones que tenia a su favor, ubicadas en el anexo La Rita de la
comunidad de Locuto perteneciente a
Tambogrande. La comunidad de Tambogrande no esta de acuerdo con el proyecto minero
porque podría afectar su fuente de ingresos que es la agricultura, su medio ambiente (agua, tierra y biodiversidad) y su cultura ligada a la actividad del campo y no a la actividad minera.
La proliferación de consultas populares en el Perú para defender el derecho al desarrollo sostenible local de las comunidades
El conflicto entre el sector minero y la comunidad de Tambogrande no ha acabado, porque las empresas mineras artesanales y las grandes empresas
mineras todavía tienen interés en explotar los metales de Tambogrande. Pero, la tarea será difícil pues, el pueblo de Tambogrande con su fuerza y unión que le caracteriza ha logrado desplazar a las empresas mineras de su territorio. Según el investigador Juan Aste, el proyecto de Manhattan no fue el primero en ser rechazado por este pueblo. Entre 1979 y 1981, el pueblo de Tambogrande se levantó contra la empresa estatal Bureau de Recherches Géologiques et Miniers-BRGM, la cual contaba con el apoyo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMET, institución dependiente del MEM. Tambogrande cuenta ahora con una zonificación ecológica dentro de un plan de desarrollo estratégico para establecer las características productivas del territorio y elaborar el plan de ordenamiento territorial que comprende la ocupación y uso sostenible del territorio.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18 Idem.
Asimismo, la comunidad ha solicitado formalmente al gobierno nacional que el valle de Tambogrande sea declarado intangible, de esta manera asegurar el desarrollo agrícola y evitar el desarrollo de cualquier proyecto minero en la zona19.
A pesar de la oposición de la sociedad civil local de Tambogrande y de su municipalidad, el gobierno nacional, al mando hoy de Alan García Pérez, continua promoviendo proyectos de inversión privada y de urbanización en el valle de Tambogrande y de San Lorenzo. 59 dirigentes de la comunidad que participaron en el paro fueron denunciados por la empresa Manhattan a la Fiscalia de Piura por la destrucción de las casas de la empresa, incluyendo al ex alcalde Francisco Ojeda. Después de 8 años de realizarse el paro, los dirigentes continúan con sus juicios inconclusos, por lo que en diciembre del 2008, la comunidad de Tambogrande realizó una marcha para solicitar a la Corte Superior de Justicia de Piura, el archivo definitivo de los casos judiciales contra sus dirigentes. La Corte ratificó la postergación indefinida de la lectura de la sentencia de 8 dirigentes del Frente que fueron condenados y absueltos en dos oportunidades por falta de pruebas20.
A pesar de los problemas actuales del valle, la experiencia exitosa de la consulta popular ha repercutido en diferentes localidades de la región de Piura. Tales fueron las consultas populares de la comunidad de Pacaipampa, de Ayabaca y de Carmen de la Frontera, realizadas en septiembre del 2007, en las cuales participaron unidos las municipalidades y las organizaciones de la sociedad civil local en su organización (el Frente por el desarrollo sostenible de la frontera norte del Perú y la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca). Se obtuvo como resultado que mas del 90% de los electores votó por el NO A LA MINERIA y así rechazaron los proyectos mineros ILEGALES de la empresa minera Rio Blanco Cooper (antes Majaz) perteneciente al grupo británico Monterrico Metals. Igualmente en el sur del Perú, el 7 de mayo del 2008 se llevó a cabo la consulta popular de Candarave (Tacna), donde mas del 90% rechazó el proyecto minero de la empresa Southern Perú (capitales mejicanos). Cabe resaltar que los organizadores de estas consultas y dirigentes de las
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19 Ver nota 10, p. 8
20 Coordinadora Nacional de Radio, en línea: CNR
!http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=24352". El conflicto entre el
sector minero y la comunidad de Tambogrande no ha acabado, porque las empresas mineras
artesanales y las grandes empresas mineras todavía tienen
interés en explotar los metales de Tambogrande.
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comunidades han sufrido represalias por parte de la transnacional Río Blanco y del gobierno nacional. El 6 de junio del 2008, los funcionarios y personal de seguridad de la empresa Río Blanco, así como oficiales de la Policía Nacional fueron denunciados penalmente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por FEDEPAZ por haber cometido los delitos de secuestro, tortura, abuso sexual y homicidio de 29 ronderos y comuneros pertenecientes a las regiones de Piura y Cajamarca, que marcharon pacíficamente entre el 26 de julio y el 1ero. de agosto del 2005 hacia las instalaciones de la empresa, para rechazar el proyecto minero en sus territorios, defender su derecho a un desarrollo autónomo y sostenible sin minería basado en la agricultura orgánica, la ganadería y el ecoturismo21.
En los siguientes meses, las comunidades de Jaen y San Ignacio de Cajamarca participarán en la consulta vecinal sobre la aprobación o no del proyecto minero de la empresa Majaz, organizado por la organización de la sociedad civil local el Frente por el desarrollo sostenible de la frontera norte del Perú, dirigida por Wilson Ibáñez. Este conjunto de consultas son legales, legitimas y democráticas, porque se enmarcan en la Constitución, en las leyes peruanas, corresponden a los intereses de las comunidades y obedecen a la voluntad del pueblo"".
El proceso de descentralización y de regionalización que vive el Perú actualmente, implica necesariamente una sola visión del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones a fin de construir el desarrollo sostenible que los peruanos queremos, incluyendo a las comunidades locales e indígenas cuyo bienestar depende de la salubridad del agua, de la fertilidad de sus tierras excluyendo la minería.
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21 Denuncia Penal dirigida a la Fiscalia de la Quinta Fiscalia Penal de Piura, 06
de junio del 2008, en línea: CNDDHH !http://blog.dhperu.org/wp-content/2009/archivos/denunciamajaz.pdf"; Coordinadora Nacional de comunidades del Perú afectadas por la minería, en línea: CONACAMI !http://www.conacami.org/".
22 Coordinadora Nacional de Radio, en línea CNR
!http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=25323". ! ! ! ! !! ! ! ! !
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Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cette publication demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Observatoire des Amériques ou des membres du Centre d’Études sur l’intégration et la Mondialisation (CEIM).
